En lo que va de la LXIII Legislatura local, la mayoría de leyes ha sido vetada por el jefe del Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez. Los argumentos ha sido que atentan la división de Poderes o que el Legislativo se contrapone a leyes federales vigentes.
La última, que fue enviada en ese estatus, es la que prohíbe el uso y facilitación de bolsas de plástico, envases, recipientes y popotes, elaborados a base de polietileno y derivados de poliestireno.
Según el gobernador, le dieron nuevas atribuciones a la Dirección de Normatividad, Inspección y Gestión Social, de la Coordinación General de Ecología (CGE), para que realice un programa permanente de difusión y capacitación a los diversos sectores de la sociedad.
“La actual legislatura realizó diversos recortes y ajustes al presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 y el presupuesto de la CGE no observa la ejecución de nuevas acciones, por lo que implicaría desatención de otras materias relevantes y requeriría la contratación de más personal, además de la reestructuración de áreas que integran la dependencia”, precisa el documento.
Luego, establece que en cuanto hace a las multas, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes no observa la forma en la que se acreditará la gravedad para que resulte responsable de la acción específica y que el daño causado al ambiente sería comprobado hasta el momento en el que las bolsas de plástico, popotes y uniceles lleguen a su fin, “por lo que no sería posible imponer una sanción económica por hechos futuros e inciertos”.
Por otro lado, detalla que la ley violenta el principio de División de Poderes, previsto en el artículo 39 de la Constitución Federal, amén de que existe la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, las cuales otorgan facultades y obligaciones a las autoridades federales, entidades federativas y municipios en materia.
“El decreto 88 resulta inconstitucional atendiendo a la teoría de jerarquía de la Norma y el principio de supremacía constitucional, puesto que si dos normas de diferentes jerarquías se oponen, se deberá aplicar la de mayor jerarquía o en su caso se deberá atender a qué órgano es competente para expedir el ordenamiento de acuerdo con el sistema de competencias”, puntualiza la observación establecida.
LA DE PROTECCIÓN CIVIL TAMBIÉN FUE VETADA
La Ley de Protección Civil del Estado de Tlaxcala también fue frenada, ya que el Gobernador argumentó que el 19 de enero de 2006 fue publicada una reforma en la materia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la nueva creada por la actual legislatura local es improcedente.
La fracción séptima del artículo 12 de ese Decreto detalla que la redacción no es clara debido a que la suscripción de convenios de colaboración entre el estado y los municipios en materia de gestión de riesgos y atención de emergencias y desastres, queda al arbitrio de los municipios, lo cual rompe con el principio de coordinación plasmado en la Ley General de Protección Civil, así como el seguimiento de acuerdos tomados dentro del Sistema Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional.
La supervisión de varios inmuebles, incluidos Iglesias, señala, es improcedente toda vez que hay un número mayor de concentración de personas y ha quedado demostrado que las coordinaciones de Protección Civil Municipales carecen de capacidad técnica para llevar a cabo la actividad, sobre todo porque los recursos humanos no están certificados y acreditados.
Además, considera que deviene al incumplimiento de la obligación que tiene el Estado de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas, además de que el ordenamiento propuesto deja en estado de indefensión al ciudadano, al no existir ley que regule la imposición de sanciones.
Sobre el uso y destino de las multas que reciba el ayuntamiento, asegura que resulta violatorio a los principios de rendición de cuentas y transparencia, al no establecer de manera clara y precisa el destino de los recursos, tal y como lo establece el 116 de la ley Estatal de Protección Civil vigente.
LA DE AUSTERIDAD CORRIÓ LA MISMA SUERTE
En diciembre de 2018, los diputados de la LXIII legislatura local aprobaron la “Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios” que, entre otras cosas, eliminaría el haber de retiro de magistrados y pensiones a exgobernadores.
El nuevo ordenamiento prohibiría, en el artículo nueve, el otorgamiento de “pensiones de retiro o bonos de conclusión de mandato, periodo de gobierno o encargo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a los diputados integrantes del Congreso del Estado y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Local; ni a los funcionarios de los Poderes públicos estatales, de los órganos autónomos y de los municipios”.
De igual forma, el artículo ocho establecería que todos los servidores públicos, “recibirán los beneficios del Sistema Público de Seguridad Social que proporciona el Estado. No podrán pagar servicios médicos privados excepto tratándose de aquellos que eventualmente no pueda proporcionar el Sistema Público”.
En la justificación, establecía que la ley evitaría toda clase de excesos, desperdicios, derroche o dispendio en el uso de los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros para limitar lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de las funciones y programas de los entes públicos, pero también fue vetada y actualmente congelada, aunque también pasó una situación similar con el presupuesto 2019.
CRITICAN DIPUTADOS LOS VETOS
El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Víctor Manuel Báez López, aseguró que los vetos han derivado de leyes “incómodas” para el Gobernador.
El diputado emanado del Partido Movimiento Regeneración Nacional señaló que el jefe del Ejecutivo local, “está en una dinámica en la que algunas propuestas no son del agrado, pero estamos buscando la alternativa para conciliar las cosas”.
Por su lado, Covarrubias Cervantes calificó como una posición política respecto al nuevo veto que efectuó el mandatario priista y calificó la actitud como partidista.
En uso de la máxima Tribuna el pasado 26 de marzo, aseguró que Tlaxcala es el único estado del país en donde el Decreto de reformas a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente fue frenado.
“Pareciera que más bien es una posición política del gobierno del estado hacia el Congreso local, pero cabe recalcar que no somos una oficina de trámite del gobierno estatal”, sentenció.
Hoy somos un Poder consolidado y que a través de planteamientos -oposición y de diferentes puntos de vista con el Ejecutivo- hemos logrado construir una posición política firme, real y de independencia, por lo que vamos a seguir mostrándonos de esa manera
Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputado local
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