Si los funcionarios incumplen antes del último día de mayo con la declaración patrimonial, que comprende del uno de enero al 31 de diciembre de 2020, podrían ser sujetos a una sanción que sería desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación como servidor público, advirtió la titular de la Contraloría del Ejecutivo, Maricela Escobar Sánchez.
Lo anterior, debido a que en este mes vence el plazo para que los más de 35 mil funcionarios presenten su declaración patrimonial, pues para este año los formatos fueron homologados a nivel nacional, de ahí que el llenado cambió de manera sustancial con respecto al ejercicio anterior.
En este sentido, explicó que los servidores públicos están obligados a declarar cuántos ingresos percibieron, cuál fue la evolución patrimonial y, sobre todo, tener una donde no existe el conflicto de intereses, es decir, que no hay un familiar que influye de manera directa en las decisiones de gobierno y eso afecte la imparcialidad de los criterios que pueda tener en el momento de tomar decisiones.
Detalló que este trámite comprende tres aspectos: la declaración fiscal, que es la que se presenta ante el Servicio de Administración Tributaria; la patrimonial, donde dice cuántos bienes tiene, la evolución que ha tenido y, finalmente, la declaración de no conflicto de interés.
En este tenor, hizo el llamado a quienes deben realizar este procedimiento para que lo hagan a la brevedad y eviten posibles sanciones si lo realizan de forma extemporánea.
“No queremos llegar a aplicar alguna de las sanciones, por ello los invito de manera cordial para que puedan emitir su declaración patrimonial en tiempo y forma”, reiteró.
De igual forma, refirió que al llegar a la Contraloría había un universo de cuatro mil declaraciones presentadas, pero en este momento están preparados para tener entre 30 y 35 mil, por lo que es un trabajo arduo, pero cuentan con la preparación en todos los sentidos, desde cuestiones humanas, tecnológicas y de capacitación.
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