Campesinos del polígono de la zona 02 del ejido Malpaís, de Calpulalpan, aprovecharon la visita del titular del Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, por la conmemoración de la incorporación de Calpulalpan a territorio tlaxcalteca, para protestar por la deforestación de la planta de maguey que se está haciendo en los predios de los que son propietarios.
El grupo de inconformes, solicitó que autoridades estatales atiendan sus demandas, pues acusaron de que el alcalde Neptalí Gutiérrez Juárez ha incurrido en una serie de violaciones a sus derechos en contubernio con el comisariado ejidal Mauricio Hernández Cervantes.
Este Diario dio a conocer el pasado mes de agosto que la explotación del maguey sin autorización, por personas ajenas al ejido de Malpaís, en Calpulalpan, es una práctica constante en la que no han intervenido autoridades civiles, ni ejidales.
DECENAS DE MAGUEYES MUTILADOS Y ABANDONADOS
Por lo que en últimas fechas decenas de magueyes de las especies Cenizo, Cimarrón, Ayoteco, Manso y de Cerro, fueron mutilados, despencados y abandonados, por personas ajenas al ejido, sin que esto derivara en alguna sanción para los responsables.
Además, señalaron que existe sobreexplotación de mantos acuíferos por una empresa cervecera instalada en el Estado de Hidalgo, de acuerdo con el representante de los campesinos José Francisco Díaz Bazán, se está extrayendo más del doble de lo permitido para trasladar el vital líquido al estado vecino.
Ante esto, señalaron que los abusos que se están generando tienen consecuencias ambientales importantes, por lo que solicitaron la intervención del gobierno estatal para que se sancione a los responsables de los que denominaron “un ecocidio”.
Con porras al alcalde personal del ayuntamiento evitó que la protesta fuera evidente por las autoridades, también cerraron las puertas del palacio municipal para evitar que los ejidatarios se entrevistarán con el mandatario estatal.
- Los abusos que se están generando tienen consecuencias ambientales importantes, por lo que solicitaron la intervención del gobierno estatal para que se sancione a los responsables de los que denominaron “un ecocidio”.
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