/ martes 18 de mayo de 2021

Denuncia Morena delitos electorales

Han pedido formalmente a la UIF y a la Fepade que investigue 86 operaciones de dudosa procedencia

En gira por Tlaxcala, diputados federales morenistas dieron a conocer que han pedido formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que investigue 86 operaciones de dudosa procedencia, 14 de ellas de alto riesgo, para presuntamente favorecer desde el Gobierno del Estado a la candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Los legisladores indicaron que al momento suman siete denuncias por probables delitos electorales, los cuales alcanzarían al gobernador Marco Antonio Mena, a su hermano Fabricio Mena, quien encabeza la lista a diputados plurinominales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como a 17 funcionarios más como presuntos responsables de desviar recursos públicos desde la administración estatal para impulsar las aspiraciones de la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD-PAC-PS.

Encabezados por el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Moisés Ignacio Mier Velasco, los legisladores federales advirtieron a los exgobernadores que impulsan las aspiraciones de Anabell Ávalos, así como el actual mandatario, que se está profundizando la investigación sobre el comportamiento y origen de estos recursos que aparentemente financian la campaña de la candidata de la alianza “Unidos por Tlaxcala”.

Asimismo, exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) inicie una investigación a los gastos de la candidata de “Unidos por Tlaxcala”, pues consideraron que ya rebasaron los topes de campaña.

Al exponer su denuncia, legisladores explicaron que los fondos públicos que se utilizan al parecer provienen de Pensiones Civiles ya que sumarían 19 mil millones de pesos y que dejarían en ‘bancarrota’ a este gremio.

Al momento suman siete querellas promovidas contra al menos 15 funcionarios por diversos actos y el grupo de diputados aseguraron que mantendrán vigilancia estricta al uso de fondos públicos para que no sean utilizados para fines electorales.

  • El legislador Mier Velasco estuvo acompañado de los diputados Rubén Terán, Eduardo Bonifaz Moedano, María del Carmen Almeida Navarro, Alfredo Rivas Aispuro y Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Menes.

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En gira por Tlaxcala, diputados federales morenistas dieron a conocer que han pedido formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que investigue 86 operaciones de dudosa procedencia, 14 de ellas de alto riesgo, para presuntamente favorecer desde el Gobierno del Estado a la candidata de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Los legisladores indicaron que al momento suman siete denuncias por probables delitos electorales, los cuales alcanzarían al gobernador Marco Antonio Mena, a su hermano Fabricio Mena, quien encabeza la lista a diputados plurinominales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como a 17 funcionarios más como presuntos responsables de desviar recursos públicos desde la administración estatal para impulsar las aspiraciones de la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD-PAC-PS.

Encabezados por el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Moisés Ignacio Mier Velasco, los legisladores federales advirtieron a los exgobernadores que impulsan las aspiraciones de Anabell Ávalos, así como el actual mandatario, que se está profundizando la investigación sobre el comportamiento y origen de estos recursos que aparentemente financian la campaña de la candidata de la alianza “Unidos por Tlaxcala”.

Asimismo, exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) inicie una investigación a los gastos de la candidata de “Unidos por Tlaxcala”, pues consideraron que ya rebasaron los topes de campaña.

Al exponer su denuncia, legisladores explicaron que los fondos públicos que se utilizan al parecer provienen de Pensiones Civiles ya que sumarían 19 mil millones de pesos y que dejarían en ‘bancarrota’ a este gremio.

Al momento suman siete querellas promovidas contra al menos 15 funcionarios por diversos actos y el grupo de diputados aseguraron que mantendrán vigilancia estricta al uso de fondos públicos para que no sean utilizados para fines electorales.

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