El 13 de enero de 2021 se cumplirán cinco años de la desaparición de la niña Karla Romero y todavía no hay avances en las investigaciones para su localización, de ahí que es urgente que las autoridades den respuesta al caso, coincidieron activistas en pro de mujeres y niñas.
La titular del colectivo Yureini AC. Miriam Pascual, declaró que ese caso en particular es el más emblemático en Tlaxcala y no ha tenido diligencia desde mayo de 2017, a pesar de que ha dejado el mayor costo político para el gobierno local.
Agregó que la desaparición de la infante en el municipio de San Pablo del Monte, refleja el modo en que operan la delincuencia y la indefensión de las mujeres ante las violaciones a sus derechos humanos.
Lamentó que el estado se aferra a no reconocer las desapariciones forzadas para el tráfico de personas con fines de explotación sexual, a través de un corredor bien identificado y su ruta de operaciones.
“La zona de Tlaxcala-Puebla, se extiende a otras entidades del centro del país y la falta de reconocimiento lo que hace es favorecer esas redes que mediante la desaparición llegan a ejercer la trata”, aseveró.
Además, dijo que en Tlaxcala existen cuatro situaciones persistentes, como la falta de una política pública mal usada, a la hora de activar alertas Amber o el protocolo Alba, ya que se ponen en marcha cuando las victimas ya están en verdadero peligro.
Lamentó que siga al frente del enlace de Alerta Amber en Tlaxcala, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Anel Myriam Quiroz Zecua, a pesar de que fue ella quien le negó activarla en el caso Karla Romero.
La urgencia de la familia es que no se le dé carpetazo al asunto, pues a pesar del tiempo transcurrido las autoridades son han dado respuesta al caso, sin contar con todos los obstáculos presentados
Edith Méndez / Mujer y Utopía
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