El Poder Ejecutivo desconoce oficialmente de la denuncia judicializada que existe en contra del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alfredo Álvarez Valenzuela, por presunto hostigamiento sexual agravado.
Así lo aseguró el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, quien refirió que en caso de resultar cierta la culpabilidad del servidor público “ya veremos lo que procede en su momento”.
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De acuerdo con información oficial, el 25 de agosto de este año fue radicada una carpeta de investigación en contra del Capitán de Fragata y titular de la CES del gobierno actual, por hostigamiento sexual en agravio de Erandy G., al desempeñarse en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como director general adjunto de la Subsecretaría de Migración, Sistema Ferroviario y Robo a Carreteras y Transporte.
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No hay ningún tipo de conocimiento en cuanto a lo que circula en redes sociales, si hay algún procedimiento se tendrá que desahogar conforme a lo que marca la misma circunstancia que él pudiera estar viviendo de alguna averiguación, afirmó Sergio González Hernández.
El segundo de a bordo en el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros insistió en que el Poder Ejecutivo no tiene al momento ningún tipo de sentencia o comunicado de la Fiscalía General de la República para decir que Álvarez Valenzuela es culpable de un acto de este tipo.
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Asimismo, el servidor público afirmó en entrevista colectiva que existe total apertura del Ejecutivo local para que el titular de la CES comparezca ante el Congreso del Estado, aunque subrayó que tendrá que definir el Congreso de qué manera se puede dar este acercamiento.
Aunado a ello, Sergio González refirió que la inseguridad no ha desbordado a Tlaxcala y que todos los lunes la mesa de seguridad de la administración estatal hace una revisión y contrasta las cifras de incidencia delictiva para hacerle frente.
Sobre la acusación en contra de Alfredo Álvarez, la denunciante reveló que el hostigamiento en su contra comenzó en 2020, durante una gira de trabajo en Tijuana, Baja California, donde el mando policiaco presuntamente le insistió que durmiera con él, pues solo así estaría segura, acción que al parecer se repetiría dos veces más.
La denunciante se desempeñó como directora técnica de la unidad de política policial, penitenciaria y seguridad privada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero al denunciar a Alfredo Álvarez fue removida de su puesto, reasignada y posteriormente despedida.
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