El grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional propuso expedir la Ley de Presupuesto General de la Nación, Eficiencia en el Gasto Público y Austeridad Republicana, a fin de contar con mayores controles, transparencia, mejor rendición de cuentas y menores dispendios y despilfarros del gasto.
Al fundamentar la propuesta, la senadora Minerva Hernández Ramos resaltó que es evidente que México requiere que la normatividad presupuestal y de gasto público sea un instrumento jurídico dinámico, con una actualización constante en virtud de que los entornos económicos, externos e internos, no son estáticos, sino que van cambiando día a día.
Señaló que el marco jurídico presupuestal vigente ha sido superado con creces por la realidad política y económica del país, a lo largo de su vida jurídica, desde 2016, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ha tenido once reformas que sólo han resuelto las complicaciones a corto plazo.
Nos corresponde a nosotros, a esta LXIV Legislatura, dentro del contexto del cambio en el gobierno y en el inicio de su llamada cuarta transformación, establecer en las leyes las modificaciones necesarias para que el presupuesto de la nación permita que los mexicanos alcancemos el ideal constitucional de democracia: un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural
, aseveró.
Y aseguró que es un buen momento para establecer claras medidas de austeridad, de rendición de cuentas y de un control efectivo que combata la corrupción en materia del gasto.
La propuesta plantea la incorporación del criterio del respeto a los derechos humanos en armonización con la reforma constitucional y el interés superior de la niñez, así como que en los anexos transversales se incorporen recursos para la atención del fenómeno migratorio.
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Asimismo, se sugiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalle en los informes trimestrales el ejercicio del gasto de los fideicomisos públicos a formato de datos abiertos, incluyendo fuentes de ingresos, montos ingresados, saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas.
Lo anterior generará mayor transparencia en los recursos que son administrados bajo esta figura jurídica
, aseguró la legisladora.
También se plantea que los recursos derivados por la aplicación de las sanciones que imponga el Instituto Nacional Electoral sean destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, estos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberán reportarse en los informes trimestrales.
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