Quienes integran la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés anunciaron que vigilarán el cumplimento del convenio firmado entre los gobiernos de Tlaxcala y Puebla para sanear la cuenca Atoyac-Zahuapan, a fin de en esta ocasión sí se cumpla la recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para garantizar a habitantes de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla un ambiente sano.
Este día, en conferencia de prensa, lamentaron que después de tres años los gobiernos y dependencias responsables inicien una coordinación para acatar la recomendación que incluye la implementación de un Programa de Saneamiento de la cuenca, por lo que opinaron que podría ser un tema usado como bandera política de cara al proceso electoral 2021.
Solicitaron a ambos gobiernos que el convenio no sea una simulación o una forma de justificar el gasto en medidas parciales, no oportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales para acciones que no sirvieron o que ni siquiera existieron, tal como sucedió en administraciones anteriores.
Por otro lado, adelantaron que continuarán con su añeja exigencia de que se abra todo el proceso a la participación propositiva de los habitantes de la cuenca, de manera que se consideren en su totalidad los seis puntos que comprende la Propuesta Comunitaria para el Saneamiento Integral de la Cuenca Atoyac-Zahuapan y la Reparación del Daño a las Comunidades, trabajada desde las mismas comunidades en Tlaxcala desde el 2017. Entre otras cosas, solicitaron que el saneamiento de la cuenca incluya los cauces de los ríos, arroyos, canales y zanjas; la restauración de los suelos en el lecho de los ríos y arroyos, en la ribera y en los terrenos aledaños a la zona federal; la prevención, control y monitoreo de la contaminación futura de la cuenca y el diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para quienes hoy están enfermos debido a la contaminación de la cuenca.
Eso además de la existencia de un Plan de Saneamiento que debe contar con recursos económicos suficientes para llevar a cabo todas sus acciones en todas sus etapas y la aplicación de medidas para la reparación del daño ocasionado a las personas, las familias y las comunidades en su salud, economía, cultura y dignidad.
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