Con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la nueva Ley de Educación para el estado de Tlaxcala, entra en vigor la universalidad educativa, por lo que se vuelve obligatorio el acceso a la formación media superior.
Con este nuevo ordenamiento se regulan los servicios que imparten autoridades educativas, organismos públicos descentralizados y los servicios que proporcionan particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios.
Tras la publicación del documento, las autoridades educativas tendrán un plazo de seis meses para adecuar reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones para cumplir con lo que establece la ley en comento
Esta nueva norma instituye la obligatoriedad de la formación preescolar, primaria, secundaria y media superior y mandata como derecho de todas las personas el acceso a los niveles de educación inicial y superior.
También se establecen mecanismos para atender a los sectores en vulnerabilidad, pues el nuevo régimen educativo establece el desarrollo de políticas públicas, como el otorgamiento de becas para estudiantes en riesgo de deserción escolar por motivos económicos.
Se integran aspectos como la educación inclusiva, fortalecimiento en la formación de docentes, la integración de la Comisión Estatal para la Mejora Continua de la Educación y el fomento de la educación indígena, bilingüe y bicultural, así como los consejos de participación escolar.
NUEVAS DISPOSICIONES
En un plazo no mayor a tres meses, tendrá que conformarse la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior y Superior de Tlaxcala, para definir los esquemas de atención a estos dos sectores.
En un plazo similar las autoridades educativas deberán integrar el Programa Educativo Estatal, que tendrá que ser actualizado cuando se cambie la administración del Poder Ejecutivo.
- Entrada en vigor de nueva ley se hará de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Estado.
- La entrada en vigor de nueva ley se hará de manera progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Estado.
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