/ sábado 19 de diciembre de 2020

Entre protestas cierra el año Héctor Domínguez

Vecinos acusan abusos, presuntos actos de corrupción y delitos penales del alcalde de Chiautempan

El gobierno de Chiautempan que encabeza Héctor Domínguez Rugerio, cierra el ejercicio fiscal 2020 en medio de serias acusaciones de pobladores por abusos, presuntos actos de corrupción y delitos penales.

Este 18 de diciembre el munícipe cumplió con la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala y entregó su Cuarto Informe de Gobierno a la síndico Linda Ixchel Mejía Sarabia, durante una sesión de Cabildo.

Este mandato constitucional ocurre a la víspera de que pobladores de Muñoztla protestaron frente a Palacio de Gobierno para acusar diversas “ilegalidades” de la administración municipal.

Esa inconformidad generó que un grupo de chiautempenses envió una solicitud a la Presidencia de la República para que apliquen una auditoría a las finanzas del Ayuntamiento sarapero de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Dentro de las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento, señaladas por los vecinos, está la compra de terrenos a particulares y familiares a sobreprecios para obras públicas, como el predio para las nuevas oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, proyecto que tampoco ha sido cumplido pues el plazo para inaugurarlo era diciembre y registra un lento avance de apenas un 20 por ciento.

También precisaron la falta de claridad del proyecto del nuevo Panteón Municipal en Muñoztla, la malversación en la aplicación del dinero recabado por concepto de parquímetros y el encubrimiento a elementos de Seguridad Pública por el delito de violación a una menor de edad, delito ocurrido en diciembre de 2018 en la zona boscosa de la Unidad Habitacional Santa Cruz.

Los quejosos también hablaron sobre el manejo discrecional de más de 10 millones de pesos del Patronato “Antonio Díaz Varela”, pues hasta hoy no se conocen informes del destino de esos recursos; la suspensión de derechos laborales de 34 trabajadores de base del Ayuntamiento a los que se dio de baja en enero de 2017; el cobro excesivo y superfluo a vendedores del comercio informal; canonjías a integrantes del Cabildo; así como enriquecimiento inexplicable de varios funcionarios de su administración pública.

Asimismo, exhibieron el actuar del munícipe para construir “a la mala” en terrenos de Muñoztla el nuevo camposanto, dado que no cumplió acuerdos cuando en su momento ya se le había dado el permiso, firmado ante la Secretaría de Gobierno.

De hecho, aseguraron que existen pruebas que acreditan todas las acusaciones, mismas que son del dominio público, pero lamentaron que autoridades del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior sean parte de las “corruptelas” y avalen la comisión de diversas anomalías al aprobar cuentas públicas sin una escrupulosa revisión o, peor aún, mediante acuerdos políticos.

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El gobierno de Chiautempan que encabeza Héctor Domínguez Rugerio, cierra el ejercicio fiscal 2020 en medio de serias acusaciones de pobladores por abusos, presuntos actos de corrupción y delitos penales.

Este 18 de diciembre el munícipe cumplió con la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala y entregó su Cuarto Informe de Gobierno a la síndico Linda Ixchel Mejía Sarabia, durante una sesión de Cabildo.

Este mandato constitucional ocurre a la víspera de que pobladores de Muñoztla protestaron frente a Palacio de Gobierno para acusar diversas “ilegalidades” de la administración municipal.

Esa inconformidad generó que un grupo de chiautempenses envió una solicitud a la Presidencia de la República para que apliquen una auditoría a las finanzas del Ayuntamiento sarapero de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Dentro de las presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento, señaladas por los vecinos, está la compra de terrenos a particulares y familiares a sobreprecios para obras públicas, como el predio para las nuevas oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, proyecto que tampoco ha sido cumplido pues el plazo para inaugurarlo era diciembre y registra un lento avance de apenas un 20 por ciento.

También precisaron la falta de claridad del proyecto del nuevo Panteón Municipal en Muñoztla, la malversación en la aplicación del dinero recabado por concepto de parquímetros y el encubrimiento a elementos de Seguridad Pública por el delito de violación a una menor de edad, delito ocurrido en diciembre de 2018 en la zona boscosa de la Unidad Habitacional Santa Cruz.

Los quejosos también hablaron sobre el manejo discrecional de más de 10 millones de pesos del Patronato “Antonio Díaz Varela”, pues hasta hoy no se conocen informes del destino de esos recursos; la suspensión de derechos laborales de 34 trabajadores de base del Ayuntamiento a los que se dio de baja en enero de 2017; el cobro excesivo y superfluo a vendedores del comercio informal; canonjías a integrantes del Cabildo; así como enriquecimiento inexplicable de varios funcionarios de su administración pública.

Asimismo, exhibieron el actuar del munícipe para construir “a la mala” en terrenos de Muñoztla el nuevo camposanto, dado que no cumplió acuerdos cuando en su momento ya se le había dado el permiso, firmado ante la Secretaría de Gobierno.

De hecho, aseguraron que existen pruebas que acreditan todas las acusaciones, mismas que son del dominio público, pero lamentaron que autoridades del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior sean parte de las “corruptelas” y avalen la comisión de diversas anomalías al aprobar cuentas públicas sin una escrupulosa revisión o, peor aún, mediante acuerdos políticos.

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