Entre reclamos de activistas por la premura con la que fue ofrecida, la tarde de este viernes 17 de junio el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIPTlax) se disculpó públicamente con Marlene Alonso Meneses, quien fue violentada por José David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, excomisionados de esa institución.
Y es que con el pretexto de que tenían que sesionar y con actitud déspota, el primero en abandonar su lugar en el reducido espacio fue el consejero Ángel Espinoza Ponce, quien no quiso escuchar la retroalimentación de las activistas y defensores de derechos humanos presentes.
Y junto con él, también salió del sitio el secretario técnico del Consejo General, quien incluso aseveró que su actitud no era violencia.
Luego, fueron los comisionados Maribel Rodríguez Piedras y Didier Fabián López Sánchez quienes, al argumentar que debían cumplir con sus obligaciones legales y que estaban sobre tiempo, también abandonaron la sala.
Ni siquiera los reclamos de las personas presentes fueron motivo para que los servidores del IAIPTlax reconsideraron su postura "nefasta".
Fue la activista Eréndira Jiménez Montiel la que alzó la voz para pedir al instituto un trato justo y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la repetición de la disculpa, para que sea real y no solo un acto de simulación para dar cumplimiento a una recomendación.
Por su lado, Marlene Alonso Meneses señaló que la disculpa pública es antecedente para evitar que la situación, que calificó como aberrante, no vuelva a cometerse en contra de nadie.
Además, destacó que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, de ahí que lamentó haber sido nuevamente violentada, ahora por el actual Consejo General.
LA DISCULPA
Tuvieron que pasar más de cinco años para que a Marlene Alonso Meneses recibiera una disculpa pública por parte del IAIPTlax, en donde sufrió diversos tipos de violencia.
La disculpa pública fue por violaciones al derecho a la igualdad y al trato digno, discriminación por razón de género, violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, y violencia psicológica, política, institucional y laboral cometidas en su momento por José David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, excomisionados de esa institución.
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