La denuncia penal contra Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sigue firme y en proceso en la Procuraduría General de Justicia del Estado, mencionó Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta del organismo autónomo.
Han pasado tres meses desde que fue dada a conocer la acusación, pues en junio de este año salió a la luz que Cid del Prado Pineda incurrió, como presidente del organismo, en amenazas, intimidación, usurpación de funciones públicas y ejercicio ilícito de servicio público, entre otros, acusaciones que fueron notificadas en el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
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Incluso, adelantó que esperan una nueva auditoría a cargo del OFS respecto al primer semestre del año, en la que podrían surgir otras irregularidades contra la anterior administración, de ahí que están en espera de que se materialice.
Respecto a la denuncia que interpuso el Consejo Consultivo de la Comisión, en la que acusaron usurpación de funciones, entre otros cargos, Ordóñez Brasdefer anunció que también se encuentra en trámite.
A las dos denuncias les damos seguimiento, la de los consejeros fue presentada, principalmente por usurpación de funciones debido a que los movimientos realizados fueron signados por personas que ya habían renunciado desde antes que asumieran el cargo los actuales consejeros,dijo.
Recordó que las irregularidades fueron detectadas mediante una auditoría general en el tema legal y evaluación financiera y administrativa para conocer la situación en la que se encontraba el organismo autónomo.
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Reiteró que al estar al frente de la CEDH tiene la responsabilidad de colaborar y brindar la información requerida para dar continuidad con el proceso penal.
La presidenta de la CEDH aseveró que la autoridad ministerial es competente para investigar el hecho y determinar si existe una responsabilidad que pueda ser atribuida a algunas de las personas que laboraron en la Comisión, debido a que fue presentada en contra de quienes resulten responsables.
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Finalmente, dijo que insistirán en las denuncias, las cuales se encuentran en los tiempos aceptables y debidos en las instancias correspondientes.
- La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los servidores públicos que resultan responsables de irregularidades pueden ser sujetos a una investigación administrativa en un periodo de tres años si los hechos no son graves y hasta por siete años si la acusación es grave.
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