/ martes 30 de abril de 2019

Fiscalía General debe estar blindada contra corrupción

Aportaciones hechas por especialistas e integrantes de la sociedad civil serán integradas a la iniciativa

La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala tendrá que ser una institución blindada contra la corrupción desde su concepción, que garantice la protección del imputado y la víctima acorde a lo que establecen los criterios internacionales de derechos humanos, para una adecuada impartición de justicia, coincidieron expertos.

En la conclusión de los foros para la conformación de esta institución, se realizó un conversatorio en el patio vitral del Congreso local con la participación de Juan Pablo Aguirre Quezada, Baldomero Mendoza, Karla Angélica Gómez Macfarland y Elba Jiménez Solares, especialistas en derecho, quienes destacaron la importancia de que se establezca una fiscalía que anteponga la impartición de justicia y no se rija por actos arbitrarios.

En su oportunidad, Juan Pablo Aguirre Quezada calificó como imperante la reparación integral de actos delictivos para revertir las deficiencias en la impartición de justicia, pues detalló que en Tlaxcala el 94.2 % de delitos no son denunciados, por la percepción de impunidad que tiene la ciudadanía.

Expresó que tendrán que fortalecer diferentes aspectos como “rendición de cuentas tendrá que ser esencial en la construcción de políticas públicas en materia de seguridad, la participación ciudadana y la profesionalización de recursos humanos con un máximo de publicidad en su actuar”.

Durante su participación, Karla Angélica Gómez dijo que tendrá que existir un equilibrio en la designación del Fiscal General con la integración de un comité de participación ciudadana y el Congreso local.

Destacó que se haya considerado el nombramiento sea por un examen de oposición, aunque fue clara en que se tendrá que modificar el tiempo de permanencia al cargo para que no sea equiparable con los periodos electorales, lo que permitirá dijo “garantizar la máxima transparencia”.

En tanto que Baldomero Mendoza detalló que la fiscalía deberá ser la encargada de impedir el ejercicio arbitrario del poder y resaltó que “se debe garantizar su total autonomía” y quien ostente la titularidad deberá encargarse de construir un organismo sólido.

La especialista Elba Jiménez refirió que la discusión de la conformación de la Fiscalía General tendrá que incluir los temas presupuestales no solo de decisión, ya que será responsabilidad de los legisladores integrar una institución que no tenga que subordinarse los intereses de un solo poder, sino que haga posible el acceso a la justicia mediante la protección de los derechos humanos.

AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA

  • El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo Víctor Manuel Báez López detalló que las aportaciones hechas por especialistas e integrantes de la sociedad civil serán integradas a la iniciativa que tendrá que someterse a la aprobación de los integrantes de la LXIII legislatura.

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En la conclusión de los foros para la conformación de esta institución, se realizó un conversatorio en el patio vitral del Congreso local con la participación de Juan Pablo Aguirre Quezada, Baldomero Mendoza, Karla Angélica Gómez Macfarland y Elba Jiménez Solares, especialistas en derecho, quienes destacaron la importancia de que se establezca una fiscalía que anteponga la impartición de justicia y no se rija por actos arbitrarios.

En su oportunidad, Juan Pablo Aguirre Quezada calificó como imperante la reparación integral de actos delictivos para revertir las deficiencias en la impartición de justicia, pues detalló que en Tlaxcala el 94.2 % de delitos no son denunciados, por la percepción de impunidad que tiene la ciudadanía.

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Durante su participación, Karla Angélica Gómez dijo que tendrá que existir un equilibrio en la designación del Fiscal General con la integración de un comité de participación ciudadana y el Congreso local.

Destacó que se haya considerado el nombramiento sea por un examen de oposición, aunque fue clara en que se tendrá que modificar el tiempo de permanencia al cargo para que no sea equiparable con los periodos electorales, lo que permitirá dijo “garantizar la máxima transparencia”.

En tanto que Baldomero Mendoza detalló que la fiscalía deberá ser la encargada de impedir el ejercicio arbitrario del poder y resaltó que “se debe garantizar su total autonomía” y quien ostente la titularidad deberá encargarse de construir un organismo sólido.

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