Derivado del desfase de al menos el 40 % en la Ley electoral local, diferentes grupos sociales quedan excluidos para ejercer derechos políticos, admitió Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
En entrevista, declaró que aquellos que han visto atropellados sus derechos son la población transexual, los indígenas y hasta quienes pretenden candidaturas independientes, por lo que el Congreso local tendrá que hacer adecuaciones a la ley en materia.
Sentenció que aunque el ordenamiento electoral local ha avanzado en aspectos como la paridad de género, este no ha sido completado y aún tiene aspectos pendientes al igual que la constitución de partidos políticos locales.
Aseguró que “varios puntos ya no empatan, incluso con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y mucho menos con el reglamento de elecciones que emitió el Instituto Nacional Electoral y que ahora es una disposición de observancia general para los institutos locales en la organización de los procesos electorales”.
Por ello, Piedras Martínez consideró urgente efectuar cambios a dicho ordenamiento “y la Junta General Ejecutiva encargó a los directores y jefes de área propuestas de reforma político electoral, que en su momento habrán de plantear”.
Recordó que en un inicio hicieron propuestas al Congreso “y no se tomaron en cuenta, pero todas iban atendiendo esta nueva dinámica que es distinta para organizar los procesos electorales”.
Insistió en que “muchas cosas ya están en desuso y por eso debemos emitir acuerdos para regular y poner las reglas del juego electoral y de la equidad en la contienda, entonces hay que revisar muchas cosas, y seguramente se estarán revisando derivado del proceso electoral concurrente para establecer cambios y mejores reglas para que la gente pueda seguir participando”.
En cuanto a los derechos políticos-electorales indígenas, aceptó que “es un camino largo por recorrer”, pero confió en que más adelante exista representación de ese grupo social en la entidad y puedan acceder a cargos de elección popular, para que tomen decisiones en pro de sus comunidades.
Finalmente, detalló que a la fecha tienen contabilizadas 94 comunidades indígenas, por lo que avanzarán en la materia a medida que distingan cuáles sí son pueblos o comunidades originales, “pero eso lo deben revisar quienes les corresponde hacer leyes”.
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