- Las normas aplicables para ese sector deben estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, sostiene representante de la CNDH
Los servidores públicos que juran justicia están obligados a ceñirse a la igualdad sustantiva de niñas, niños y adolescentes para que ellos tengan amplio reconocimiento y acceso a oportunidades, sentenció Lucía Rodríguez Quintero, subdirectora de asuntos de la niñez y la familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el Conversatorio de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, efectuado ayer en la sala de usos múltiples del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), dijo que las normas aplicables para ese sector social deben estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento sus derechos en aras de alcanzar la igualdad de los infantes.
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Invitó a diseñar, implementar, evaluar programas y políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminarles obstáculos que impiden su igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica.
Subrayó que es imperante implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole basados en la idea de inferioridad.
A los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del propio TSJE, los invitó a establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos previstos en esa ley.
- DEFIENDE MALDONADO SOBERANÍA DEL TSJE
Por su lado, Héctor Maldonado Bonilla, magistrado presidente del TSJE, resaltó la necesidad de mejorar la justicia desde el punto de vista sustantivo, pues apuntó que en materia familiar tiene mayor peso y sensibilidad, “pues ese es el primer núcleo social básico en el que todos estamos inmersos”.
Posteriormente, ante la primera dama de Tlaxcala, Sandra Chávez Ruelas, quien llegó en representación del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, defendió la soberanía de ese poder, al señalar que las determinaciones o fallos son apegados a derecho y por valoración propia de cada jurista.
Sostuvo que “el acuerdo que tuvimos hace unas semanas con la licenciada, Sandra Chávez Ruelas, tiene que ver con la manera en la cual se ejerce la justicia en materia familiar en el estado, pues tenemos muchas coincidencias y preocupaciones compartidas, pero los criterios (de los juristas) siempre serán cuestionables desde el punto de vista de impugnación, pero cada juez, magistrada o magistrado tienen decisión propia”.
Es necesario que se establezcan mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, que promuevan su empoderamiento y se desarrollen campañas permanentes de sensibilización en el tema
Lucía Rodríguez / Representante de la CNDH
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