CONFIRMAN ERRORES LEGALES DE ADOLFO ESCOBAR
El exalcalde de Tlaxcala debiópromover un recurso de queja en contra del acuerdo del JuzgadoSegundo de lo Civil, pero optó por el amparoindirecto Debido a una defensa inadecuada llevada acabo por el exalcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardinez, elproceso legal por el que el Poder Judicial del Estado ordenademoler el Polideportivo Carlos Castillo Peraza debe continuar,según fallo del Tribunal Colegiado de Circuito, ubicado enCholula, Puebla, que confirmó el sobreseimiento del JuzgadoTercero de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito con sede enTlaxcala.
Con este fallo, se confirmó el desaseado proceso jurídico dela administración de Escobar Jardinez, donde las pugnas entre elalcalde de la capital y la síndico, Katy Verónica ValenzuelaDíaz, propiciaron que no se efectuara una defensa legal adecuadadel inmueble, que tuvo
Entérate:
De acuerdo con el expediente 398/2015, se trata del Juicio deInterdicto de Obra Nueva promovido por Ismael Pérez Santacruz encontra del ayuntamiento de Tlaxcala y del entonces alcalde, AdolfoEscobar Jardínez, quien edificó el Polideportivo Carlos CastilloPeraza en los predios denominados Rancho San Isidro y San Bárbaraen la Colonia Loma Xicohténcatl de la ciudad de Tlaxcala, unainversión de más de 35 millones de pesos.
En el resolutivo se informa que aunque Escobar Jardínez buscóla protección de la justicia federal (Juzgado Tercero de Distrito)en contra del acuerdo emitido el 25 de agosto de 2016 por elJuzgado Segundo del Distrito Judicial de Hidalgo del TSJE, éstefue rechazado.
Lo anterior, debido a que la comuna capitalina incumplió con laorden de suspensión de la construcción de la obra dictada en2015, a pesar de estar emplazado a juicio por la propiedad de lospredios.
Con base al estudio efectuado por el Juzgado Tercero deDistrito, el amparo promovido por el exalcalde se basó en que elJuzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y deExtinción de Dominio, presidido por María Juanita Esther MunguíaHerrera, fue omiso al dictar el acuerdo donde en primer términohaya facultado al Secretario de Acuerdos para que levantara actapormenorizada y diera fe de la obra nueva, la cual ya se encontrabatotalmente terminada, así como la omisión de notificar a laspartes.
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En términos generales, reclamó que debía invalidarse lademolición, ya que mientras Ismael Pérez Santacruz acusó elinicio de una obra nueva en los predios, lo cierto es que la obraya había sido concluida.
El error
De entrada, la justicia federal recordó que, el 13 de enero de2016, el Tribunal Colegiado de Vigésimo Octavo Circuito sedeclaró incompetente para conocer del primer juicio de amparoplanteado por Escobar Jardínez en contra de la resolucióninterlocutoria de 13 de octubre de 2015, en virtud de no tratarsede una sentencia definitiva.
Lo anterior, porque la parte quejosa no agotó el principio dedefinitividad que rige el juicio de amparo y en lugar de promoverun recurso de queja como lo prevé la ley, optó por el amparoindirecto.
Aunado a lo anterior, el juzgado federal determinó que elayuntamiento consintió el acto dictado en el auto de cuatro deagosto de 2015, a través del cual se decretó la suspensiónprovisional de la obra nueva con el apercibimiento que, de nohacerlo, se ordenaría la demolición de lo construido conposterioridad al emplazamiento, ello en atención a que nopromovió el recurso idóneo contra la determinación de 13 deoctubre de 2015, que resolvió el recurso de revocación contra elmismo y que era el recurso de queja.
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“Como se aprecia de lo anterior, la resolución de 25 deagosto de 2016 es consecuencia directa del auto de cuatro agosto de2015; sin embargo, ésta no puede ser materia de análisis en elpresente juicio de amparo, pues versa sobre la suspensiónprovisional de la obra nueva que no acató y consintió elapercibimiento de demolición que conlleva, esto es, resulta ser unacto derivado de otro consentido”, refiere en la resolución queconfirmó la sentencia.
Por ello, al confirmarse el procedimiento del Juzgado Tercero deDistrito, se determinó sobreseer el juicio de amparo promovido enoctubre de 2016 por Adolfo Escobar Jardínez en su calidad depresidente municipal de Tlaxcala.
Lo que sigue
Se prevé que una vez que el Tribunal Colegiado de Tlaxcalanotifique a las partes involucradas del sobreseimiento, el caso seadevuelto al Juzgado Segundo Civil del TSJE, que deberá continuarcon el acuerdo consistente en la demolición del Polideportivo.
El capricho de Escobar Jardínez
De acuerdo con las observaciones a las cuentas públicas delayuntamiento de Tlaxcala, la construcción del Polideportivo fuemás un capricho del entonces alcalde de Tlaxcala, Adolfo EscobarJardínez, que una acción debidamente meditada.
Lo anterior, porque durante los ejercicios fiscales de 2014 y2015, según se aprecia en los informes de resultados que puedenser consultados en el apartado de Transparencia de la página deInternet del Congreso del Estado, tanto los diputados como elalcalde fueron advertidos de que el terreno valuado en 1.6 millonesde pesos carecía de escrituras y por lo tanto no procedía laedificación del Polideportivo.
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Pese a que en reiteradas ocasiones advirtieron al exmunícipe dela irregularidad y de que no era viable la inyección de recursospúblicos en este inmueble, Escobar Jardínez hizo caso omiso yconcretó la obra que fue inaugurada en abril de 2016,contradictoriamente las cuentas públicas de 2014, 2015 y losprimeros nueve meses de 2016 fueron aprobadas sin mayor problemapor los integrantes de la LXI Legislatura local, específicamentecon el apoyo del entonces presidente de la Comisión de Finanzas yFiscalización, el diputado panista Roberto Zamora Gracia.
Los abusos financieros de EscobarJardínez
De acuerdo con los informes de resultados sobre las cuentaspúblicas de los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016 delayuntamiento de Tlaxcala, además de los errores jurídicos en ladefensa de los predios del Polideportivo, Adolfo Escobar Jardínezincurrió en abusos financieros pues infló hasta en más de sietemillones de pesos los costos de la obra.
Y es que a ocho meses de haber dejado el cargo, continúanpendientes de ser solventadas las irregularidades financieras anteel Órgano de Fiscalización Superior, donde se ordenó alexalcalde panista reintegrar más de siete millones de pesosdetectados como probable daño patrimonial.
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Las observaciones prevén específicamente recursos por el ordende los siete millones 58 mil 819.96 pesos que fueron pagados porvolúmenes en exceso y que nunca fueron ejecutados (accionesfantasmas), precios elevados a los establecidos en el mercado, asícomo por vicios ocultos, todos ellos erogados en los tres años desu administración, incluso se detectó la desaparición de dosmotobombas de 10 caballos de fuerza.
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