Habitantes del fraccionamiento Girasoles ubicado en el municipio de San Salvador Tzompantepec, exigen al alcalde de esa demarcación, Arturo Rivera Mora, implementar estrategias efectivas y reales para erradicar los diversos delitos que paracaidistas en esa unidad habitacional cometen.
Molestos y visiblemente angustiados por su integridad física y la seguridad de sus familias, los pobladores demandaron al gobierno municipal poner un alto a los ilícitos que a plena luz del día cometen varias bandas dedicadas principalmente al robo de casa habitación y de autos.
En una reunión que este día sostuvieron con integrantes del ayuntamiento, los pobladores lamentaron que desde hace un año en esa unidad habitacional hayan aumentado los desmantelamientos a las casas en donde no habita nadie, los robos de automóviles y autopartes.
Pero no solo eso pues también denunciaron agresiones verbales, físicas y hasta amenazas de muerte por parte de quienes se han adueñado de forma ilícita de casas que no son habitadas.
En la reunión llevada a cabo en la Sala de Cabildo de la presidencia municipal de Tzompantepec, denunciaron que la noche de ayer uno de sus vecinos fue agredido a golpes por los maleantes y que aunque fue detenido temen que salga libre y repita la acción.
"Ya no hay tranquilidad en el fraccionamiento porque nos amenazan y amedrentan, eso independientemente de los robos que todos los días comenten en casas deshabitadas y habitadas", externaron.
Comentaron que pese a conocer el problema como alcalde ha sido omiso para combatirlo, al no solicitar un contrato de arrendamiento real y la presencia tanto del dueño como de quién renta la casa.
Los inconformes también solicitaron al municipe la destitución de los servidores públicos que no hacen su trabajo, como regidor de Seguridad Pública y la síndico, así como el cambio completo de los policías municipales a quienes acusan de no estar capacitados para hacer el trabajo.
Ahí, ante la presencia de un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también solicitaron la remoción del juez municipal quien señalaron de dar fe y legalidad a documentación falsa.
Amagaron que en caso de que las autoridades no implementen estrategias afectivas para erradicar ese tipo de delitos, ellos harán justicia por propia mano, pues incluso señalaron que ya acudieron al Congreso local para solicitar la intervención y que ni por petición de ese Poder ha tomado cartas en el asunto.