/ viernes 9 de noviembre de 2018

Piden habitantes de Chiautempan someter a consulta pública reparación o no de céntricas calles

Tal y como ocurrió con la consulta pública convocada a nivel nacional


Tal y como ocurrió con la consulta pública convocada a nivel nacional por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para decidir si se cancelaba o no la construcción en Texcoco del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, habitantes de Chiautempan desean hacer lo mismo en la reparación de dos céntricas calles de la ciudad.


Lo anterior, al argumentar que la reparación y mejoramiento de imagen urbana de las calles Ignacio Picazo y Morelos, en pleno zona centro de la ciudad, fueron priorizadas por el gobierno de Héctor Domínguez Rugerio sin consultar a la ciudadanía y cuyos trabajos iniciados en agosto pasado han acarreado conflictos tanto para comercios fijos y para transeúntes.

En un oficio dirigido a la diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, los quejosos refieren que “no podemos transitar sobre montones de escombro tirados en las calles y a las horas pico la vialidad colapsa y el comercio formal tiene pérdidas significativas pues el término para la terminación de las obras nunca se ha respetado”.


No solo eso, los vecinos inconformes aluden que el mejoramiento en la calle Ignacio Picazo se ejecuta en medio de “un insulto a la inteligencia de los chiautempenses al ser construida precisamente frente a conocida carnicería propiedad del alcalde Héctor Domínguez y su familia, mientras que en el caso de la calle Morelos se encuentra la vivienda de una de sus hermanas.

Ante ello, demandaron al Poder Legislativo su intervención para frenar las citadas obras y se investigue mediante los conductos legales si existe conflicto de intereses en el que pudo haber incurrido el presidente municipal y sus regidores al ejecutar obra pública precisamente frente a las propiedades de su familia directa.

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Aunado a lo anterior, se ordene la revisión de las licitaciones para que las empresas constructoras dejen las obras públicas tal y como las encontraron antes del comienzo de la ejecución de las mismas.

El oficio leído como parte de la correspondencia fue turnado a la respectiva comisión del Congreso del Estado para su trámite.

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Tal y como ocurrió con la consulta pública convocada a nivel nacional por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para decidir si se cancelaba o no la construcción en Texcoco del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, habitantes de Chiautempan desean hacer lo mismo en la reparación de dos céntricas calles de la ciudad.


Lo anterior, al argumentar que la reparación y mejoramiento de imagen urbana de las calles Ignacio Picazo y Morelos, en pleno zona centro de la ciudad, fueron priorizadas por el gobierno de Héctor Domínguez Rugerio sin consultar a la ciudadanía y cuyos trabajos iniciados en agosto pasado han acarreado conflictos tanto para comercios fijos y para transeúntes.

En un oficio dirigido a la diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, los quejosos refieren que “no podemos transitar sobre montones de escombro tirados en las calles y a las horas pico la vialidad colapsa y el comercio formal tiene pérdidas significativas pues el término para la terminación de las obras nunca se ha respetado”.


No solo eso, los vecinos inconformes aluden que el mejoramiento en la calle Ignacio Picazo se ejecuta en medio de “un insulto a la inteligencia de los chiautempenses al ser construida precisamente frente a conocida carnicería propiedad del alcalde Héctor Domínguez y su familia, mientras que en el caso de la calle Morelos se encuentra la vivienda de una de sus hermanas.

Ante ello, demandaron al Poder Legislativo su intervención para frenar las citadas obras y se investigue mediante los conductos legales si existe conflicto de intereses en el que pudo haber incurrido el presidente municipal y sus regidores al ejecutar obra pública precisamente frente a las propiedades de su familia directa.

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Aunado a lo anterior, se ordene la revisión de las licitaciones para que las empresas constructoras dejen las obras públicas tal y como las encontraron antes del comienzo de la ejecución de las mismas.

El oficio leído como parte de la correspondencia fue turnado a la respectiva comisión del Congreso del Estado para su trámite.

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