La violencia política en razón de género continuará mientras presidentes municipales y quienes integran un Cabildo no respeten la jerarquía que ostenta la sindicatura y traten de minimizar el cargo cuando no ceden a sus pretensiones o ventilen sus abusos, consideró la activista Katy Valenzuela Díaz.
Como ejemplo expuso los casos de las representantes legales de Huactzinco y Totolac, Maribel Muñoz Ramírez y María Elena Conde Pérez, respectivamente, quienes no solo han sido víctimas de ilegalidades en el ejercicio de sus funciones, sino también han sido intimidadas y vulnerados sus derechos al retenerles sus percepciones salariales.
En el caso de la síndica de Totolac, la agresión va más allá al ser sustituida del cargo por el hecho de pedir permiso por enfermedad y convocar el Cabildo a la suplente, lo que no solo vulnera sus derechos, sino que pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
Respectos a la situación de Huactzinco, la activista manifestó que desde el inicio de la actual administración hubo intimidación directa en contra de la representante legal, donde incluso hubo una afectación al procedimiento tras ser baleada su casa, lo que demuestra el alto grado de riesgo hacia su persona.
Por ello, consideró que el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) debe sentar un precedente para evitar estas situaciones y, que con el cambio de gobierno en 2021, no se repitan casos como los que actualmente litiga. “Los alcaldes y servidores públicos deben respetar la jerarquía de las diferentes áreas que conforma un ayuntamiento, tratar de minimizar un cargo público debe tener una sanción ejemplar por el TET”, soltó Katy Valenzuela.
En entrevista con El Sol de Tlaxcala, comentó que la violencia política se ha convertido en el pan de cada día de las servidoras públicas, sin excepción de que este tipo de acciones puedan ser vividas por hombres.
Enfatizó que ser honesta actualmente les sale caro a las mujeres que representan la sindicatura de un ayuntamiento, ya que buscan ir en contra de la corrupción desde el ámbito partidista y público, además de pedir las herramientas necesarias que les otorga la ley para poder desempeñar sus funciones.
Por otra parte, pidió a los partidos políticos profesionalizar la paridad de género para 2021, con el objetivo de darles certeza a las mujeres de Tlaxcala que podrán acceder a un cargo público y ejercerlo sin violencia.
“Algo que debe quedar claro es que los síndicos son los ciudadanos del pueblo, los ojos dentro de la administración, entonces con tantas irregularidades los más afectados serían los mismo ciudadanos, que lástima que ser honesta cueste caro”, expresó la activista.
LA VIOLENCIA POLÍTICA ESTÁ AL DÍA: SÍNDICAS
Cuestionados al respecto, las síndicas María Elena Conde Pérez y Maribel Muñoz Ramírez aseguraron que la violencia política está al día en Tlaxcala.
Lo anterior, al recordar que vivieron varias intimidaciones y restricciones de las que fueron víctimas por los acaldes de Totolac, Giovanni Pérez Briones y de San Juan Huactzinco, Alfredo Valencia Muñoz.
Incluso, ambas mostraron su preocupación por su propia integridad física y la de su familia, al argumentar que creen capaz a los presidentes municipales de atentar en contra de su integridad física.
“Nos sentimos abrumadas y con temor por todo lo que hemos pasado, lo que vivimos es violencia política, pero prácticamente estuvo a nada de volverse en agresiones físicas”, resaltaron.
PIDEN GARANTÍAS DE PROTECCIÓN
No prestarse a actos de corrupción, hacer observaciones y ventilar los desvíos de recursos generaron un revanchismo entre las síndicas y alcaldes, sostuvieron María Elena Conde Pérez y Maribel Muñoz Ramírez.
Por ello, pidieron a las instancias correspondientes garantías para ejercer su trabajo libremente y sin violencia, pues incluso la síndico de Huactzinco se vio obligada en varias ocasiones a firmar documentos sin la oportunidad de revisarlos.
“Lo único que pedimos son garantías de protección hacia nosotros como síndicas y mujeres, pido se haga valer la ley para erradicar la violencia política”, manifestó Maribel Muñoz Ramírez.
RESPONSABILIDAD
- Están las herramientas y la ley, corresponde a los magistrados y a todas las instancias competentes hagan valer lo que está en la ley para sancionar la violencia política.
Cualquier ciudadana mexicana puede acceder a un cargo público y poder desempeñarlo sin mayor temor, condición y limitación al cargo
Katy Valenzuela / Activista
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