"En el ejercicio de los cargos públicos siempre existe violencia política contra las mujeres, y sobre todo se ha visto reflejada en el caso de las síndicas, y Tlaxcala no es ajeno a ello", sostuvo José Antonio Hidalgo Conde, contralor interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, al participar como ponente en la conferencia magistral "Violencia política contra las mujeres en razón de género y la responsabilidad administrativa".
En el evento convocado por la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional, María Ana Bertha Mastranzo Corona, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de, Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que en la entidad la mayoría de las personas que ocupan ese cargo son mujeres, y que a la fecha no han podido ejercerlo plenamente al ser un tema que tiene que ver con la corrupción y la falta de transparencia.
Explicó que los principales violentadores son los presidentes municipales, quienes aprovechan que la legislación establece que las cuentas públicas deben ser firmadas por el síndico para evitar algún tipo de sanción, para así ponerles trabas al entregarles esa documentación.
"Esto desde luego tiene un trasfondo de corrupción pues a la síndico se le limita la revisión de la cuenta pública y por lo tanto que pueda hacer cualquier tipo de denuncias y observaciones, eso sumado a que no se les dota de los elementos necesarios para poder realizar su trabajo", explicó.
Sin embargo, dijo que esas situaciones prevalecen ya que no existe una correcta sanción para quienes incurren en violencia política por razón de género, pues comentó que si no se llevan a cabo los procedimientos administrativos se está limitando la defensa.
Y es que dijo que la separación del cargo y la inhabilitación para desempeñar otros puestos son las sanciones que deben recibir quienes incurran en ese tipo de violencia, pues de lo contrario es más posible que el violentador tenga la posibilidad de permanecer en el cargo con una simple amonestación o con solicitarle no repetir esas conductas.
Antes, Andrés Corona Hernández, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE), quien también participó como ponente, pidió no ver cómo una moda a la violencia política por razón de género, al tiempo que lamentó que sea una problemática que existe desde el momento en que las mujeres deciden participar en este ámbito.
En el Patio Vitral de Palacio Legislativo indicó que la violencia política contra las mujeres no solamente es cuando buscan un cargo de elección popular, sino también cuando se les limitan las funciones que desarrollan en el ámbito político electoral, cuando se les otorga una candidatura donde el partido sabe que no hay posibilidad de ganar, cuando no se les dan las prerrogativas, cuando se les da un reconocimiento al vincularlas con alguna figura masculina o cuando se usan cuestiones de su vida personal para denostarlas.
Explicó que debido a esas circunstancias el INE se vio obligado a modificar diversos reglamentos para garantizar el ejercicio de sus derechos político electorales, y más recientemente la aprobación de la Iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género.
Por su lado, la legisladora Ana Bertha Mastranzo Corona consideró que es necesaria la participación de mujeres como votantes, representantes de partidos y como personal electoral, pues de esa forma ganarán más presencia en el terreno político.
Después, encabezó la firma del pacto por una cultura cívica sin violencia, cuyo fin es lograr que la política recupere su esencia, fomentar una formación con perspectiva de género, garantizar espacios laborales libres de violencia, institucionalizar la perspectiva de género y, entre otras cosas, promover espacios de diálogo permanente para la construcción de una cultura democrática.
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