/ jueves 12 de marzo de 2020

Solicita Apetatitlán recursos para laudos laborales

Mantienen uno en ejecución de más de 405 mil pesos que ha generado multas por incumplimiento de pago

El municipio de Apetatitlán solicitó al Congreso local una ampliación presupuestal de siete millones de pesos para el pago de laudos s, toda vez que tiene varios en etapa de ejecución y el recurso es limitado.

A través de un oficio enviado a esa soberanía, Eloy Reyes Juárez e Isela Carvajal Parra, presidente y síndico respectivamente, pidieron el aumento económico, pues argumentaron que al inicio de la administración no previeron alguna partida para tal efecto y los ajustes trimestrales fueron negativos.

Aseguraron que el laudo que más les preocupa es el relativo al expediente número 349/2014-B, toda vez que el pasado tres de mayo de 2018 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resolvió a favor del demandante, cuyo pago es de 405 mil 766 pesos.

Resulta necesario solicitar a esta legislatura una ampliación presupuestal para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad laboral, en consideración de que el presupuesto asignado para el presente ejercicio es limitado y, a su vez, se encuentra comprometido al cumplimiento de los programas y servicios indispensables de la colectividad municipal, señalaron.

De hecho, aseveraron que les resulta imposible generar recursos financieros pues están obligados a reintegrar a la Secretaría de Planeación y Finanzas el monto correspondiente al fondo de Acciones para el Fortalecimiento del Campo, ya que se vio afectado por el embargo del laudo laboral 25/2002-C.

De igual forma, declararon que el presupuesto municipal “se encuentra en riesgo”, toda vez que mantienen más de una veintena de expedientes laborales que juntos suman 12 millones de pesos.

“La ampliación presupuestal que solicitamos es de siete millones 156 mil 517 pesos, cantidad con la cual se daría cabal cumplimiento a los laudos y sentencias a que ha sido condenada la comuna a pagar”, precisaron.

Ante tales circunstancias, justificaron que los procedimientos jurisdiccionales iniciaron en administraciones anteriores y que en la presente han sido atendidos jurídicamente en la medida de las posibilidades, pero la mayoría está en ejecución.

  • 20 laudos laborales contra el ayuntamiento de Apetatitlán siguen su curso legal.

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El municipio de Apetatitlán solicitó al Congreso local una ampliación presupuestal de siete millones de pesos para el pago de laudos s, toda vez que tiene varios en etapa de ejecución y el recurso es limitado.

A través de un oficio enviado a esa soberanía, Eloy Reyes Juárez e Isela Carvajal Parra, presidente y síndico respectivamente, pidieron el aumento económico, pues argumentaron que al inicio de la administración no previeron alguna partida para tal efecto y los ajustes trimestrales fueron negativos.

Aseguraron que el laudo que más les preocupa es el relativo al expediente número 349/2014-B, toda vez que el pasado tres de mayo de 2018 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resolvió a favor del demandante, cuyo pago es de 405 mil 766 pesos.

Resulta necesario solicitar a esta legislatura una ampliación presupuestal para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad laboral, en consideración de que el presupuesto asignado para el presente ejercicio es limitado y, a su vez, se encuentra comprometido al cumplimiento de los programas y servicios indispensables de la colectividad municipal, señalaron.

De hecho, aseveraron que les resulta imposible generar recursos financieros pues están obligados a reintegrar a la Secretaría de Planeación y Finanzas el monto correspondiente al fondo de Acciones para el Fortalecimiento del Campo, ya que se vio afectado por el embargo del laudo laboral 25/2002-C.

De igual forma, declararon que el presupuesto municipal “se encuentra en riesgo”, toda vez que mantienen más de una veintena de expedientes laborales que juntos suman 12 millones de pesos.

“La ampliación presupuestal que solicitamos es de siete millones 156 mil 517 pesos, cantidad con la cual se daría cabal cumplimiento a los laudos y sentencias a que ha sido condenada la comuna a pagar”, precisaron.

Ante tales circunstancias, justificaron que los procedimientos jurisdiccionales iniciaron en administraciones anteriores y que en la presente han sido atendidos jurídicamente en la medida de las posibilidades, pero la mayoría está en ejecución.

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