Pese a los esfuerzos del gobierno estatal, las mujeres tlaxcaltecas siguen enfrentando violencia por razón de género, pues la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios, instalada en marzo de este año, mantiene una actividad pasiva, evidenció Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía.
Precisó que ante casos de localización de féminas sin vida continúa siendo el Departamento de homicidios dolosos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el encargado de acudir al lugar de los hechos, lo que conlleva a que no se realicen las primeras indagatorias con perspectiva de género, se pierdan evidencias importantes y no se logre la acreditación del delito de feminicidio, de ahí que permanecen altos índices de impunidad.
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Mencionó que, basados en notas periodísticas, en lo que va del 2021 han documentado, al menos, 30 asesinatos de mujeres con características de feminicidio, de los cuales no se ha iniciado una carpeta de investigación como este delito y se ha minimizado a homicidio doloso, culposo y hasta como suicidio, lo que quita peso y gravedad al caso.
No obstante, el gobierno solo ha reconocido nueve hechos como feminicidio durante este año, pero no se ha informado de alguna sentencia favorable, precisó.
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Hasta el momento no existe ningún diagnóstico que dé cuentas sobre el contexto feminicida para su adecuada prevención, atención, sanción y erradicación,dijo.
DESAPARICIONES
De enero a noviembre de 2021, el colectivo registra más de 240 desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas en 42 municipios, más de la mitad de las víctimas es menor de edad, datos que han sido extraídos de las publicaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tlaxcala.
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Aseveró que en la entidad solo se han activado tres alertas Amber y 15 protocolos Alba, del total de desapariciones, 98 féminas siguen sin ser localizadas, mientras que cuatro mujeres en calidad de desaparecidas fueron halladas sin vida con características de feminicidio.
Edith Méndez agregó que a estos cuatro casos no se les dio un seguimiento oportuno a pesar del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos sexuales, además de que sigue sin cumplirse de forma adecuada la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el caso de Karla Romero Tezmol, en el que se perdieron evidencias y existieron grandes obstáculos y omisiones, de ahí que no existe una sanción a las y los funcionarios públicos.
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VIOLENCIA FAMILIAR
La información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de cuántas mujeres han denunciado alguna forma de violencia en el estado. De enero a octubre de 2021, el número de emergencia 911 recibió mil 421 llamadas por violencia de pareja y dos mil 369 por violencia familiar, pero solo se iniciaron 34 denuncias por agresión en el hogar.
Existe una gran diferencia de cuántos hechos llegan a judicializarse y de estos cuántos llegan a sentencia. Además, la PGJE promueve la conciliación ante los casos de violencia de género, lo que implica una violación a lo dispuesto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dijo la directora del colectivo.
Agregó que, en el mismo periodo, denunciaron 72 lesiones dolosas, las cuales no son investigadas ni se da seguimiento como feminicidio en grado de tentativa, lo que es la antesala a este delito.
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EMBARAZOS ADOLESCENTES
En materia de derechos sexuales y reproductivos, los embarazos infantiles y adolescentes permanecen como parte de la realidad que se vive en esta etapa de la vida, que va de los 10 a los 17 años de edad.
Un embarazo en edades tempranas es derivado de la violencia sexual contra las mujeres, lo cual conlleva a otras violaciones de sus derechos humanos y las coloca en grave riesgo a la salud y a sus vidas, dijo la activista.
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La falta de aplicación integral de la norma 046, así como la falta de información, medicamentos y personal capacitado para garantizar el aborto seguro a todas las mujeres, seguido de una fuerte criminalización institucional y social, siguen siendo prácticas frecuentes en el estado,sentenció.
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Finalmente, puntualizó que otras formas de violencia contra las mujeres siguen sin ser atendidas de forma adecuada, lo que atenta contra el derecho al desarrollo pleno en cada etapa de la vida conforme a los marcos normativos internacionales.
- La localización de mujeres sin vida es atendida por el Departamento de homicidios dolosos de la PGJE, pero esto impide indagatorias con perspectiva de género, que se pierdan evidencias y no se logre la acreditación del delito como feminicidio.
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