La diputada federal, Adriana Dávila Fernández, exigió al Gobierno Federal informar sobre las acciones que lleva a cabo en el combate a la delincuencia organizada.
Lo anterior, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) diera a conocer que congeló las cuentas de al menos cinco empresas que se ubican en el estado de Sinaloa, y que pertenecerían a Joaquín Guzmán Loera, así como a personas relacionadas con Rafael Caro Quintero.
De acuerdo con la UIF, dijo la legisladora, esta bloqueó diversas cuentas bancarias de 18 personas, 14 de ellas relacionadas con el Cártel del Pacífico, de las cuales nueve son a personas físicas y cinco a empresas. Asimismo, se bloquearon cuentas a cuatro personas relacionadas con Caro Quintero.
Destacó la necesidad de que la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajen de manera coordinada para avanzar en las investigaciones que permitan la captura de ambas personas, a fin de que los mexicanos puedan vivir en paz y tranquilidad.
Recordó que desde 2013, la Administración para el Control de Drogas ofrece una recompensa a quien dé información sobre Caro Quintero y así lograr su captura y, por ello, cuestionó qué tipo información tiene la UIF sobre ese personaje que pueda servir para su captura.
Además, recordó que 2019 la UIF bloqueó 330 cuentas bancarias del grupo liderado por Joaquín Guzmán Loera, por lo que también pidió que el gobierno informe dónde están las carpetas de investigación y precisar cuál es el procedimiento y las acusaciones que hace la UIF.
Mencionó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que Caro Quintero es uno de los socios comerciales del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y que de acuerdo con el expediente de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, gente de Caro Quintero presuntamente fue la encargada de mover fuertes cargamentos de droga de Venezuela a Estados Unidos.
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