La diputada Irma Yordana Garay Loredo, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, deberá rendir -en un plazo de cinco días- un informe de actividades realizadas en esa comisión desde el momento de su conformación hasta la presente fecha.
Dicho informe deberá acompañarse del original o copia certificada de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las resoluciones adoptadas en cada una de ellas respecto de los asuntos que les fueron turnados.
En sesión extraordinaria de hoy, la Comisión Permanente también le solicitó a la legisladora Irma Yordana Garay Loredo que, a la brevedad posible, coordine los trabajos legislativos con los que realiza la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, pues la intención es
emitir el dictamen de reformas en materia electoral a las leyes secundarias correspondientes, con las que se brinde certeza al proceso eelectoral del siguiente año.
El exhorto avalado, que fue remitido por la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), también conmina a la coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo para que en la presentación de iniciativas, sea por conducto de esa comisión o en forma conjunta con otras, sigan las formalidades previstas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
Entre otras cosas, la JCCP argumentó que cuatro integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales acusaron que al momento no han sido llamados a sesiones, eso a pesar de que desde el año pasado ha recibido diversas iniciativas de reforma constitucional y legales en materia electoral, que ya fueron remitidas para su análisis y dictaminación.
Quienes integramos la JCCP manifestamos nuestra preocupación porque a la brevedad se realicen los trabajos en comisiones unidas que permitan la emisión de un dictamen de reformas y adiciones a diversas leyes estatales en materia electoral, con las que la sociedad tlaxcalteca, así como los institutos y los diversos actores políticos de nuestra entidad, tengan garantizado el cumplimiento irrestricto de los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, paridad, profesionalismo y máxima publicidad; que rigen la función electoral, dice el acuerdo avalado.
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