Después de aceptar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno al caso de siete expolicías acreditables que fueron torturados por ministeriales para inculparlos del delito de secuestro exprés en enero de 2015, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició las investigaciones y ofrecerá disculpa pública.
José Antonio Aquiahuatl Sánchez, subprocurador de la PGJE, aseveró que la dependencia fue notificada de la recomendación, por lo que de forma inmediata le dio cumplimiento y contestación.
Apuntó que ya iniciaron las investigaciones correspondientes en contra de los extrabajadores y personal involucrado en el caso y, lo demás, irá avanzando de forma paulatina.
“Dentro de las recomendaciones nos obligan a investigar los actos del personal de la Procuraduría en la administración anterior, indagar sobre los actos ilegales en los que pudieron haber incurrido y ya han iniciado las pesquisas”, precisó.
Sobre los nombres de los investigados, dijo que es un listado de al menos diez personas, “pero no lo tengo exacto, aunque es un combinado de personal que labora y dejó de prestar sus servicios en la PGJE”.
Aceptó que entre los investigados se encuentra la exprocuradora Alicia Fragoso Sánchez, además de policías de investigación y agentes del Ministerio Público que llevaron a cabo las carpetas de investigación.
Sobre la disculpa pública que ha exigido José Jorge López Pérez, exacreditable y principal promotor del juicio, puntualizó que Aarón Pérez Carro también lo hará, pero no ha definido la fecha para hacerlo.
“Lo que pasa es que en esta semana se dio contestación y estamos viendo la forma de darle cumplimiento a cada acto de recomendación, algunos son de cumplimiento inmediato como el inicio de las investigaciones, pero el caso de la disculpa pública aún no se define la forma de cómo hacerlo”, comentó.
Finalmente, aseguró que el titular de la dependencia anunció que cumplirá “todas y cada una de las recomendaciones, pero llevarán su tiempo dependiendo de su naturaleza”.
LA QUEJA
- José Jorge López Pérez fue uno de los expolicías sometidos a tortura y, tras quedar absuelto luego de dos años en la cárcel, promovió una queja ante la CEDH en la que reclamó le sean resarcidos los daños sicológico, moral, económico y físico.
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