Con el objetivo de asegurar la impartición de justicia gratuita, Víctor Manuel Báez López, diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto para eliminar el cobro de copias certificadas en los procesos civiles, mercantiles y penales.
Ayer, en sesión ordinaria, el congresista señaló en la exposición de motivos, la necesidad de derogar las fracciones I, II y III del artículo 163 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Precisó que el ordenamiento actual prevé que los justiciables sufraguen los costos de los servicios que proporciona el Poder Judicial a través de la Secretaría General de Acuerdos, la Oficialía Mayor, Tesorería, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados y la Contraloría.
La ley prevé conceptos de derechos por la expedición de copias certificadas por un día de salario mínimo (ahora Unidad de Medida y Actualización) por las primeras diez fojas utilizadas y un quinto de día de salario mínimo por cada foja adicional, y establece criterios similares en los párrafos dos y tres.
Por ello, justificó que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagrada para los gobernados, que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita.
Sostuvo que para la clase social más desprotegida llega a representar un gasto elevado, pues además de pagar los derechos para obtener copias certificadas, también debe pagar el valor del papel y el fotocopiado.
La propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y en su caso segunda lectura y aprobación.
Se seguirá cobrando
1. Registro de título profesional o cédula de licenciado en Derecho.
2. Expedición de constancia de registro del título profesional.
3. Refrendo cada dos años de la constancia de inscripción de cédula profesional de abogados postulantes.
4. Constancia de inscripción de peritos auxiliares en la administración de la justicia, incluye credencial enmicada expedida por la Secretaría General de Acuerdos.