/ viernes 8 de febrero de 2019

Proponen eliminar escoltas a funcionarios

Argumentan que eso es elitista y discriminatorio para la población que no tiene seguridad

Para evitar gastos innecesarios con cargo al erario, la diputada María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi propuso derogar el capítulo sexto de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para eliminar el uso de escoltas a servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial.

En su exposición de motivos, señaló que la iniciativa con proyecto de Decreto busca implementar medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público, con eficiencia en su uso y destino.

Propongo derogar la norma relativa al servicio público de escolta y, por ende, la prestación de este servicio, cuyo derecho, por Ley, solo lo gozan los servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial

, soltó en la máxima Tribuna de la entidad.

Aseveró que las condiciones normativas

suenan un tanto elitistas o bien discriminatorias, porque solo determinados servidores públicos son beneficiados con la protección de escoltas con cargo al erario, sin saber claramente cuántos recursos humanos y qué otros recursos materiales se asignan.

Alegó que constitucionalmente toda persona tiene derecho a la protección de su integridad física y sus bienes por parte del Estado, por lo que podemos preguntarnos ¿todo trabajador o empleado que sale a altas horas de su trabajo no corre riesgos?.

La congresista del Partido Movimiento Regeneración Nacional lamentó que el artículo 51 no solo beneficia al servidor público, sino que cónyuge e hijos podrían gozar de protección una vez concluido el encargo.

Los recursos públicos que se aplican o se puedan aplicar para el cumplimiento de este precepto, pueden considerarse como un dispendio, porque si ya se retiraron del servicio público, no pueden tener más derechos que los que marca la ley laboral y si ejercen un nuevo cargo, sus derechos laborales son correlativos a los que marca la Ley

, sostuvo.

Aseguró que el servicio de seguridad a funcionarios es cubierto con los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos,

es decir, el servicio de escolta es pagado por el pueblo. Entonces que se utilicen de manera racional para la solución de las necesidades sociales, para el beneficio del pueblo.

La sociedad demanda el uso austero, racional y eficiente de los recursos públicos, concatenado con una mayor, mejor y más eficiente seguridad de las personas y de sus bienes, en estricto respeto y protección de los derechos humanos.

María del Rayo Netzahuatl / Diputada local

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Para evitar gastos innecesarios con cargo al erario, la diputada María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi propuso derogar el capítulo sexto de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para eliminar el uso de escoltas a servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial.

En su exposición de motivos, señaló que la iniciativa con proyecto de Decreto busca implementar medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto público, con eficiencia en su uso y destino.

Propongo derogar la norma relativa al servicio público de escolta y, por ende, la prestación de este servicio, cuyo derecho, por Ley, solo lo gozan los servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial

, soltó en la máxima Tribuna de la entidad.

Aseveró que las condiciones normativas

suenan un tanto elitistas o bien discriminatorias, porque solo determinados servidores públicos son beneficiados con la protección de escoltas con cargo al erario, sin saber claramente cuántos recursos humanos y qué otros recursos materiales se asignan.

Alegó que constitucionalmente toda persona tiene derecho a la protección de su integridad física y sus bienes por parte del Estado, por lo que podemos preguntarnos ¿todo trabajador o empleado que sale a altas horas de su trabajo no corre riesgos?.

La congresista del Partido Movimiento Regeneración Nacional lamentó que el artículo 51 no solo beneficia al servidor público, sino que cónyuge e hijos podrían gozar de protección una vez concluido el encargo.

Los recursos públicos que se aplican o se puedan aplicar para el cumplimiento de este precepto, pueden considerarse como un dispendio, porque si ya se retiraron del servicio público, no pueden tener más derechos que los que marca la ley laboral y si ejercen un nuevo cargo, sus derechos laborales son correlativos a los que marca la Ley

, sostuvo.

Aseguró que el servicio de seguridad a funcionarios es cubierto con los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos,

es decir, el servicio de escolta es pagado por el pueblo. Entonces que se utilicen de manera racional para la solución de las necesidades sociales, para el beneficio del pueblo.

La sociedad demanda el uso austero, racional y eficiente de los recursos públicos, concatenado con una mayor, mejor y más eficiente seguridad de las personas y de sus bienes, en estricto respeto y protección de los derechos humanos.

María del Rayo Netzahuatl / Diputada local

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