/ jueves 19 de septiembre de 2019

Proponen garantizar uso de refugios existentes para niños y mujeres víctimas de violencia

En Tlaxcala solo hay tres destinados a mujeres en esa situación

En el Congreso local propusieron otorgar a la Comisión Técnica de Violencia Familiar del estado, la facultad para celebrar acuerdos con instituciones públicas o privadas para que, en el caso de que cuenten con albergues, sean usados en beneficio de las víctimas de violencia familiar.

La iniciativa para agregar una fracción al artículo 9 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en Tlaxcala, fue presentada por la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional, Ana Bertha Maestranzo Corona, quien aclaró que dichos espacios deben salvaguardar la integridad física de mujeres y niños violentados, al contar con las medidas de seguridad necesarias.

La parlamentaria local argumentó que la violencia contra las mujeres es un tema de salud pública porque afecta su integridad física y también de los niños que la atestiguan o la sufren directamente, eso además de que es una violación a su derecho a una vida libre de violencia.

Y agregó que de acuerdo con datos de 2018 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, siete de cada 10 mujeres mexicanas, de 15 años y más, han vivido al menos una situación de violencia de género en el ámbito comunitario, escolar, laboral o en el espacio familiar y de pareja.

Por eso, explicó que con la canalización a esos albergues las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, tendrán ayuda par superar la situación de violencia y facilitará su proceso de empoderamiento y ciudadanía.

Agregó que en esos lugares obtendrán seguridad y protección; será salvaguardada su integridad física e incluso su vida y, entre otras cosas, contarán con una intervención psicológica y médica acorde con la evaluación y clasificación del daño causado por la violencia.

En febrero pasado El Sol de Tlaxcala documentó que en la entidad hay tres refugios para mujeres que sufren de violencia doméstica. Dos son operados por organizaciones de la sociedad civil y solo uno es institucional al ser subsidiado por el ayuntamiento capitalino.

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En el Congreso local propusieron otorgar a la Comisión Técnica de Violencia Familiar del estado, la facultad para celebrar acuerdos con instituciones públicas o privadas para que, en el caso de que cuenten con albergues, sean usados en beneficio de las víctimas de violencia familiar.

La iniciativa para agregar una fracción al artículo 9 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en Tlaxcala, fue presentada por la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional, Ana Bertha Maestranzo Corona, quien aclaró que dichos espacios deben salvaguardar la integridad física de mujeres y niños violentados, al contar con las medidas de seguridad necesarias.

La parlamentaria local argumentó que la violencia contra las mujeres es un tema de salud pública porque afecta su integridad física y también de los niños que la atestiguan o la sufren directamente, eso además de que es una violación a su derecho a una vida libre de violencia.

Y agregó que de acuerdo con datos de 2018 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, siete de cada 10 mujeres mexicanas, de 15 años y más, han vivido al menos una situación de violencia de género en el ámbito comunitario, escolar, laboral o en el espacio familiar y de pareja.

Por eso, explicó que con la canalización a esos albergues las mujeres víctimas de violencia y sus hijos, tendrán ayuda par superar la situación de violencia y facilitará su proceso de empoderamiento y ciudadanía.

Agregó que en esos lugares obtendrán seguridad y protección; será salvaguardada su integridad física e incluso su vida y, entre otras cosas, contarán con una intervención psicológica y médica acorde con la evaluación y clasificación del daño causado por la violencia.

En febrero pasado El Sol de Tlaxcala documentó que en la entidad hay tres refugios para mujeres que sufren de violencia doméstica. Dos son operados por organizaciones de la sociedad civil y solo uno es institucional al ser subsidiado por el ayuntamiento capitalino.

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