- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para reforzar las medidas que combaten el lavado de dinero y la delincuencia organizada, la senadora por Tlaxcala, Minerva Hernández Ramos, presentó ante el Pleno de la Cámara Alta dos iniciativas para ratificar el nombramiento del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Expuso que el primer proyecto de decreto busca reformar las leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas y la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que el segundo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La integrante de la Comisión de Economía indicó que las modificaciones plantean que el titular de la UIF sea considerado como un empleado superior de la SHCP, para que su nombramiento sea ratificado por el Senado de la República.
Abundó que promueve que los titulares de la SHCP y la UIF comparezcan de manera conjunta ante comisiones de la Cámara de Diputados para exponer los resultados de la política pública en materia de detección y prevención del lavado de dinero y la recuperación de activos relacionados con hechos de corrupción.
Especificó que se busca otorgar autonomía técnica y de gestión a dicha unidad, así como establecer mecanismos de coordinación a nivel nacional, no solo para que existan reglas comunes en cuanto a la prevención del lavado de dinero, también para que se avance en materia de recuperación de activos.
“La Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 reconoce que son más de 10 mil millones de dólares que podrían estar involucrados en lavado de activos, cifra que, consolidaría un complejo de delitos como delincuencia organizada, defraudación fiscal y, por supuesto, de corrupción”, destacó la integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Refirió que de acuerdo al Informe de Evaluación, enero de 2018, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la PGR no considera como una prioridad la identificación e investigación del lavado de activos.
“La política pública de prevención de lavado de dinero no se ha reflejado en un número importante de condenas en materia penal, de procedimientos de extinción de dominio o de la recuperación o decomiso de los activos producto de las actividades ilícitas, algunas involucradas en hechos de corrupción”, lamentó la senadora Minerva Hernández Ramos.
El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
La Evaluación Nacional de Riesgo de 2016 reconoce que son más de 10 mil millones de dólares que podrían estar involucrados en lavado de activos, cifra que, consolidaría un complejo de delitos como delincuencia organizada, defraudación fiscal y, por supuesto, de corrupción
Minerva Hernández / Senadora