/ viernes 4 de junio de 2021

Reformas en Tlaxcala de urgente necesidad quedaron pendientes

Como la creación de la Fiscalía General del Estado, la legalización de la mariguana y la reducción del 50 % de presupuesto público a los partidos políticos

A pesar de que la LXIII Legislatura avanzó en el desahogo de su programa legislativo, varias reformas de urgente necesidad quedaron pendientes, como la creación de la Fiscalía General del Estado, la legalización de la mariguana y la reducción del 50 % de presupuesto público a los partidos políticos.

De hecho, en el programa para el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio legal, consideraron pertinente concretar el nombramiento del fiscal general, para combatir la corrupción, pues consideraron que es uno de los mayores problemas que azotan a la vida pública del estado y el país.

Justificaron que esa acción sería un punto clave en el sistema penal del estado, pues de hecho, el fiscal tendría la responsabilidad de la procuración de Justicia ante los hechos delictivos más importantes de Tlaxcala.

Pretendían que esa figura, debía conducirse en el marco de legalidad, con apego a principios y valores, pues de no hacerlo, podría haber una función inadecuada en los resultados y por tanto sería un rotundo fracaso su nombramiento.

“Por ello, buscaríamos erigir a un fiscal, profesional, académicamente completo, honesto y sobre todo autónomo, capaz de perseguir y en su caso, castigara todo personal que dañe la paz pública y que atente contra el estado constitucional de Derecho”, señalaron.

De igual forma, esta legislatura dejó irresuelta la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces, secretarios, diligenciarios, oficiales de parte y personal mecanógrafo, sean rotados, pues permanecer en una misma circunscripción, facilita la corrupción, pues propicia la construcción de relaciones públicas con litigantes y despachos de abogados.

En esa reforma, también buscaban plantear que los funcionarios de ese Poder, presentaran su declaración de intereses, con el fin de prevenir y erradicar la práctica de corrupción, amén de que se sometieran a exámenes de control y confianza, como un requisito de permanencia y promoción en la carrera judicial.

Una petición sentida de la ciudadanía, era la reducción del 50 % de los recursos económicos a los partidos políticos, por lo que los diputados se comprometieron a reformar la Constitución local y legislación electoral, para lograrlo, pero no lo hicieron.

Los congresistas, también propusieron crear la Ley de Remuneración en el Servicio Público para Estado de Tlaxcala, mediante la cual buscaban establecer cantidades mínimas y máximas, que los servidores públicos, en sus diferentes niveles pudieran percibir y no cayeran en excesos.

  • Esta legislatura dejó irresuelta la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces, secretarios, diligenciarios, oficiales de parte y personal mecanógrafo, sean rotados, pues permanecer en una misma circunscripción, facilita la corrupción.

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A pesar de que la LXIII Legislatura avanzó en el desahogo de su programa legislativo, varias reformas de urgente necesidad quedaron pendientes, como la creación de la Fiscalía General del Estado, la legalización de la mariguana y la reducción del 50 % de presupuesto público a los partidos políticos.

De hecho, en el programa para el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio legal, consideraron pertinente concretar el nombramiento del fiscal general, para combatir la corrupción, pues consideraron que es uno de los mayores problemas que azotan a la vida pública del estado y el país.

Justificaron que esa acción sería un punto clave en el sistema penal del estado, pues de hecho, el fiscal tendría la responsabilidad de la procuración de Justicia ante los hechos delictivos más importantes de Tlaxcala.

Pretendían que esa figura, debía conducirse en el marco de legalidad, con apego a principios y valores, pues de no hacerlo, podría haber una función inadecuada en los resultados y por tanto sería un rotundo fracaso su nombramiento.

“Por ello, buscaríamos erigir a un fiscal, profesional, académicamente completo, honesto y sobre todo autónomo, capaz de perseguir y en su caso, castigara todo personal que dañe la paz pública y que atente contra el estado constitucional de Derecho”, señalaron.

De igual forma, esta legislatura dejó irresuelta la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces, secretarios, diligenciarios, oficiales de parte y personal mecanógrafo, sean rotados, pues permanecer en una misma circunscripción, facilita la corrupción, pues propicia la construcción de relaciones públicas con litigantes y despachos de abogados.

En esa reforma, también buscaban plantear que los funcionarios de ese Poder, presentaran su declaración de intereses, con el fin de prevenir y erradicar la práctica de corrupción, amén de que se sometieran a exámenes de control y confianza, como un requisito de permanencia y promoción en la carrera judicial.

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