De los siete mil 796 servidores públicos del gobierno estatal que presentaron su declaración anual patrimonial 2017, la Contraloría del Ejecutivo revisará cuántos han incurrido en conflicto de intereses o fiscal.
María Maricela Escobar Sánchez, titular de la dependencia, precisó que esa cifra representa el 100 % de los funcionarios inscritos, quienes cumplieron en tiempo y forma con su obligación, ya que la fecha fatal para hacerlo era el pasado 31 de mayo.
Señaló que “cruzarán” la información con la base de datos que poseen y la declarada, para conocer qué servidores públicos tienen familiares o parientes, -hasta del cuarto nivel-, laborando en otros espacios del gobierno estatal, para evitar conflicto de intereses.
En caso de que hayan mentido en sus declaraciones fiscales o que tengan familiares en puestos clave, advirtió que “podemos inhabilitar o mover del cargo a funcionarios, pues son las nuevas facultades que nos confieren en la Contraloría del Ejecutivo, desde la entrada en vigor de Sistema Nacional Anticorrupción”.
Sentenció que una falta grave para inhabilitar a un funcionario es que haya falseado información en sus declaraciones, pues cuidan que los datos sean fidedignos, además de que, en el procedimiento, el funcionario tuvo la opción de validar aquellos datos.
“Les pedimos una relación de activos, pasivos, bienes muebles e inmuebles, así como sus inversiones, además, de acuerdo a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, aquellos funcionarios que hayan registrado un ingreso anual superior a los 400 mil pesos, tienen más de dos patrones, o desempeñan otras actividades, deben presentar su declaración fiscal y eso también fue solicitado”, precisó.
Finalmente, Escobar Sánchez explicó que el número de declaraciones aumentó debido a que el Sistema Nacional Anticorrupción, establece que todos los servidores públicos, independientemente del cargo o percepción que reciban, están obligados a presentar sus declaraciones.