Una vez que el Decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa será un ente completamente autónomo y dejará de formar parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Así fue determinado hoy por los diputados locales, quienes avalaron reformas a la Constitución Política de Tlaxcala a fin de que sea un tribunal administrativo, materialmente jurisdiccional, dotado de plena autonomía y jurisdicción para dictar sus fallos.
“No debe ocuparse o distraerse con asuntos ajenos a su competencia; es decir, de labores o actividades que tienen que ver con actuaciones como Tribunal de Control Constitucional, ni tampoco distraerse con actividades ordinarias del pleno del TSJE", dice el proyecto avalado.
Y es que, en 2018, quedó integrado el Tribunal de Justicia Administrativa cuya tarea principal es el combate a la corrupción en Tlaxcala, y que dependía del Poder Judicial, al sustituir a la extinta Sala Administrativa del TSJE.
Sin embargo, con lo aprobado hoy por la LXIII Legislatura local, estará dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, será independiente de cualquier autoridad y tendrá su residencia en la ciudad de Tlaxcala.
Además, señala que la ley establecerá su presupuesto, organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones.
Precisa que será el encargado de dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, y que será competente para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales.
Añade que tendrá autonomía presupuestaria y que el Congreso local aprobará su presupuesto a propuesta del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Estado.
Indica que deberá expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.
Además, dice que la designación de sus magistrados ya no será a propuesta del Ejecutivo, pues ahora deberán aprobar exámenes públicos de oposición ante el pleno del Congreso, quien nombrará al Jurado (integrado básicamente por académicos e investigadores preferentemente ajenos al Estado), todo eso previa convocatoria.
Su nombramiento será por seis años y no se podrá ocupar el cargo como propietario en forma consecutiva, ni discontinua, por más de dicho periodo.
"Si un magistrado llega a la edad de 70 años, cesará en sus funciones y tendrá derecho a un haber por retiro. Los Magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que establezca la ley", dice la reforma avalada.
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