En 2017 la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) y la Unidad de Servicios Educativos del Estado (Uset) comprobaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la entrega de 12 mil 188 chamarras de más de 253 mil que adquirió y debió entregar.
Esa cantidad comprobada representa solo el 5 % de las chamarras proyectadas para los alumnos de educación básica del estado y que de forma individual tuvieron un costo cercano a los 200 pesos.
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De acuerdo con el tercer informe de la cuenta pública de 2017 de la ASF, esas prendas fueron pagadas con recursos del programa Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) que en ese ejercicio fiscal representaron para Tlaxcala un monto de 330 millones de pesos 777 mil pesos.
De ese total, el gobierno estatal destinó 52 millones 358 mil 139.28 pesos para la adquisición de chamarras, eso de acuerdo con la solicitud de excepción a la licitación y al contrato número GETINV-056/2017 y cuyo recurso hace referencia a la partida presupuestal 4111 con origen de recursos estatales. "Por lo que no se encuentra presupuestada ni autorizada para que se pagara con recursos del Fortalecimiento Financiero".
Además, los resultados arrojan que el gobierno estatal no cuenta con la documentación justificativa que acredite la recepción de las chamarras por parte de los municipios beneficiados, debido a que solo se presentaron recibos simples de 10 municipios que justifican la entrega de 12 mil 188 piezas de un total de 253 mil 30, por lo que no se pudo constatar que los bienes se entregaron a los beneficiarios y en los tiempos establecidos en el contrato.
Por lo anterior, se presume que el gobierno estatal causó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 52 millones 358, mil 139.28 pesos.
Además, la Auditoría Superior de la Federación emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron la adquisición de chamarras por invitación restringida cuando debió ser por
licitación pública, sin que se cuente con el soporte documental suficiente y conforme a la normativa.
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