/ martes 13 de octubre de 2020

Sin fines electorales, saneo del Zahuapan

El acuerdo no es una concesión de los gobiernos, sostiene Alejandra Méndez Serrano, líder del Centro Fray Julián Garcés

Integrantes de la asociación civil, Centro Fray Julián Garcés, advirtieron que observarán que la firma de convenio Puebla-Tlaxcala, cumpla con las acciones para limpiar el río Zahuapan-Atoyac y no sea una simulación de ambos gobiernos en tiempos electorales.

El pasado 28 de septiembre, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y su similar de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, signaron el acuerdo para dar cumplimiento a la recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida desde hace más de tres años.

En rueda de prensa virtual, la directora del Fray Julián, Alejandra Méndez Serrano, estableció que no permitirán que sea como en otras ocasiones, “que se trate de otra simulación o de una nueva manera de justificar el gasto en medidas parciales, inoportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales para acciones que no sirvieron o inexistentes”.

Dijo que no se trata solo de controlar descargas de contaminantes para limpiar el agua, sino de avanzar hacia la elaboración y establecimiento de un Programa Integral de Restauración Ecológica que priorice la construcción de infraestructura hidráulica realmente útil.

Pidió a los gobiernos, que antes de clausurar a las industrias que contaminan los ríos, les ofrezcan alternativas para la conversión de sus procesos y el tratamiento de sus aguas residuales y que las medianas y grandes industrias también sean sometidas a esas medidas.

Aunque reconoció que no conocen con exactitud los lineamientos del convenio, aseveró que ya lo solicitaron y denunciarán si en la realización de acciones incurren en vicios y errores cometidos como en años pasados. “Continuaremos luchando por nuestros derechos a la salud, al medioambiente, la alimentación, el trabajo y también el derecho a la participación política establecido en la Constitución”, soltó.

Adelantó que exigirán que se abra todo el proceso a la participación a los habitantes colindantes a la cuenca y la aplicación de las correspondientes medidas para la reparación del daño ocasionado.

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Integrantes de la asociación civil, Centro Fray Julián Garcés, advirtieron que observarán que la firma de convenio Puebla-Tlaxcala, cumpla con las acciones para limpiar el río Zahuapan-Atoyac y no sea una simulación de ambos gobiernos en tiempos electorales.

El pasado 28 de septiembre, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y su similar de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, signaron el acuerdo para dar cumplimiento a la recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida desde hace más de tres años.

En rueda de prensa virtual, la directora del Fray Julián, Alejandra Méndez Serrano, estableció que no permitirán que sea como en otras ocasiones, “que se trate de otra simulación o de una nueva manera de justificar el gasto en medidas parciales, inoportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales para acciones que no sirvieron o inexistentes”.

Dijo que no se trata solo de controlar descargas de contaminantes para limpiar el agua, sino de avanzar hacia la elaboración y establecimiento de un Programa Integral de Restauración Ecológica que priorice la construcción de infraestructura hidráulica realmente útil.

Pidió a los gobiernos, que antes de clausurar a las industrias que contaminan los ríos, les ofrezcan alternativas para la conversión de sus procesos y el tratamiento de sus aguas residuales y que las medianas y grandes industrias también sean sometidas a esas medidas.

Aunque reconoció que no conocen con exactitud los lineamientos del convenio, aseveró que ya lo solicitaron y denunciarán si en la realización de acciones incurren en vicios y errores cometidos como en años pasados. “Continuaremos luchando por nuestros derechos a la salud, al medioambiente, la alimentación, el trabajo y también el derecho a la participación política establecido en la Constitución”, soltó.

Adelantó que exigirán que se abra todo el proceso a la participación a los habitantes colindantes a la cuenca y la aplicación de las correspondientes medidas para la reparación del daño ocasionado.

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