Por considerar que bloquea e infringe “violencia institucional” hacia las atribuciones del Consejo Consultivo, las titulares Liliana Atonal Mendoza y Josefina Romano San Luis, promovieron un nuevo proceso de juicio político en contra de la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax), Marlene Alonso Meneses.
Mediante oficio presentado a la LXIII Legislatura local, las consejeras responsabilizaron a Meneses de la confrontación entre los integrantes del Consejo General, pues ha evitado que David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín incluyan temas a resolver en el Pleno.
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De igual manera, las quejosas señalaron que ha asumido “posturas arbitrarias, autoritarias e impositivas en su papel de presidenta, pues una vez dividido el Pleno del Consejo General, la Comisionada emite acuerdos para dar respuesta, bajo una interpretación de la norma a modo, con la finalidad de emitir una respuesta supuestamente justificada para beneficio de sus propios intereses”.
En el documento que quedó asentado en el expediente parlamentario SPPJP002/2018 del Congreso local, aseguraron que ha violado el derecho básico de acceso a la información pública y a pesar de ello se ha victimizado al señalar que ha sido objeto de violencia por cuestión de género.
“Si las suscritas nos condujéramos bajo la misma perspectiva de género como lo hace de manera pública y constante Alonso Meneses, al argumentar siempre que es tratada con actos misóginos, por parte de sus homólogos, luego entonces, nosotros podemos manifestar que la hoy denunciada nos ha venido tratando siempre bajo la perspectiva de violencia institucional”, sostienen.
Con ese nuevo juicio político promovido, Alonso Meneses suma cuatro de ellos, los cuales tendrá que analizar y resolver el Congreso local.
Liliana Atonal y Josefina Romano, Consejeras consultivas del IAIP-Tlax
Existe hostilidad y falta de confianza que denota hacia nuestra labor al no habernos permitido hasta la presente fecha llevar a cabo nuestras funciones, así como de autoritarismo al pretender intimidar la labor de las suscritas por nuestra condición de vulnerabilidad ciudadana”
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