El Juzgado Segundo de Distrito instruyó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) suspender el proceso del concurso interno de oposición para la designación de jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas, diligenciarios y oficiales de partes, en materia Civil, Familiar y Mercantil.
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El pasado viernes tres de mayo, el juez Segundo de Distrito, Carlos Alberto González García, dio la razón a un grupo de abogados que promovió una denuncia de amparo en contra de la convocatoria emitida por el Consejo de la Judicatura del Estado para la designación de 68 plazas, al estar dirigida únicamente a servidores públicos de ese Poder .
Ese día, en audiencia incidental, la justicia federal resolvió la suspensión definitiva de la etapa conclusiva del proceso, es decir, el TSJE puede desarrollar las tres primeras etapas (la evaluación de inteligencia emocional, examen psicométrico, práctico, resolver caso práctico y examen oral), pero a partir de la cuarta etapa (sesión de Plenos para emitir los resultados y hacer las designaciones) debe tener el proceso.
Lo anterior, hasta que se desarrolle la audiencia constitucional (el próximo 27 de mayo) en donde el juez dará una solución de fondo del amparo para determinar si la convocatoria fue emitida en apego a lo que establece la ley y el proceso sigue o, si por el contrario, queda sin efecto y debe publicar una nueva abierta para todos los abogados del estado.
EL AMPARO
Por considerar que la convocatoria del pasado 20 de marzo por el Poder Judicial fue violatoria de los derechos humanos, principalmente del que tienen los abogados para ejercer la profesión en el litigio y en el servicio público dentro del TSJE, el grupo de litigantes promovió un amparo indirecto ante el Juzgado Segundo de Distrito.
Emmanuel Godoy Grande, representante común de Camelia Rodríguez Sánchez, María del Rocío Pérez Moreno, Mauricio Neri Zecua Serrano, Marbella Islas Lobato y Ana Fabiola Mejorada Alvarado, mencionó que su denuncia quedó radicada con el número 316/2019.
En entrevista, comentó que el pasado 25 de abril el Juzgado concedió la suspensión provisional del amparo, es decir, que había una cancelación similar a la actual pero que era momentánea.
“HAY EN EL TSJE NOMBRAMIENTOS DE ALCOBA”
María del Rocío Pérez Moreno, una de las quejosas, explicó que el Consejo de la Judicatura del Estado no sustentó la convocatoria en lo que establece el artículo 97 de la Ley Orgánica del Judicial, que señala que para poder ingresar o hacer efectiva la carrera judicial debe ser a través de un examen de oposición dirigido para todos los abogados de Tlaxcala.
Por eso, calificó al concurso interno de oposición como inconstitucional y dijo que la convocatoria únicamente es un “trámite que busca ratificar y legitimar los nombramientos de alcoba y de bar que recientemente hizo el presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla”.
Aseveró que el personal que llegó al Judicial sin respetar la Carrera Judicial es improvisado, sin experiencia y sin conocimientos, lo que ocasionará una afectación a los abogados externos y a la sociedad justiciable
ES JUDICIAL AGENCIA DE COLOCACIÓN
A su vez, Jerónimo Popócatl Popócatl, magistrado del TSJE en retiro, quien funge como abogado patrono de los quejosos, lamentó que Maldonado Bonilla haya convertido al Judicial en una “agencia de colocación” en donde prevalece el nepotismo.
Además de acusar al presidente del TSJE de no conocer el estado ya que mencionó que su vida la desarrolla en Puebla, reprobó las claras violaciones legales plasmadas en la convocatoria y dijo que de nada sirven los múltiples títulos “que se cuelga” si no los pone en práctica.
“Como lo dijo el ilustre gobernador Emilio Sánchez Piedras, Tlaxcala no es tierra de conquista y vamos a defender la legalidad, la ley y lo que buscamos es que prevalezca el Estado de Derecho”.
Finalmente, pidió al TSJE que las acciones de inconformidad promovidas por los jóvenes abogados no les traigan represalias en el desempeño de sus litigios.
El Consejo de la Judicatura del Estado tiene 10 días hábiles luego de la notificación para tramitar una un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado para revertir esa suspensión.
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