/ sábado 26 de junio de 2021

Valida Legislativo autonomía de TJA

Como parte de las facultades del Poder Legislativo

Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso local declararon la validez de la reforma constitucional por la cual el Pleno de la LXIII Legislatura otorgó autonomía plena al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Lo anterior, como parte de las facultades del Poder Legislativo, debido a que 48 de los 60 ayuntamientos no se pronunciaron sobre la reforma constitucional para dar autonomía al organismo, cuya función es la de dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares.

Dentro de sus funciones también se establece la imposición de sanciones a los servidores públicos estatales en términos de la Ley. Debido a que solo 12 de los 60 ayuntamientos avalaron el Decreto 330, y el resto de los ayuntamientos no remitieron una respuesta dentro del término de 30 días a partir de su notificación, el Congreso local dio por admitida la reforma constitucional.

Con esa declaratoria de validez, ahora el TJA será un organismo público especializado dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, e independiente de cualquier autoridad.

PLANTEA DIPUTADA TIPIFICACIÓN DE CRÍMENES DE ODIO

La diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, planteó una serie de reformas al artículo 239 del Código Penal para la tipificación de crímenes de odio en contra de la población de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual y queer.

En la sesión de la Comisión Permanente presentó la iniciativa para que se tipifiquen los crímenes de odio por lesbofobia, homofobia y transfobia, además de que sean agravantes cuando estos estén relacionados por su preferencia política, religión, nacionalidad, lugar de origen, condición social y económica.

Señaló que ya existen antecedentes, pues San Luis Potosí, Baja California Sur y Puebla ya cuentan en sus sistemas legales el agravante de odio en delitos por orientación sexual.

EL APUNTE

  • La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para el análisis correspondiente.

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Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso local declararon la validez de la reforma constitucional por la cual el Pleno de la LXIII Legislatura otorgó autonomía plena al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Lo anterior, como parte de las facultades del Poder Legislativo, debido a que 48 de los 60 ayuntamientos no se pronunciaron sobre la reforma constitucional para dar autonomía al organismo, cuya función es la de dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares.

Dentro de sus funciones también se establece la imposición de sanciones a los servidores públicos estatales en términos de la Ley. Debido a que solo 12 de los 60 ayuntamientos avalaron el Decreto 330, y el resto de los ayuntamientos no remitieron una respuesta dentro del término de 30 días a partir de su notificación, el Congreso local dio por admitida la reforma constitucional.

Con esa declaratoria de validez, ahora el TJA será un organismo público especializado dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, e independiente de cualquier autoridad.

PLANTEA DIPUTADA TIPIFICACIÓN DE CRÍMENES DE ODIO

La diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, planteó una serie de reformas al artículo 239 del Código Penal para la tipificación de crímenes de odio en contra de la población de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual y queer.

En la sesión de la Comisión Permanente presentó la iniciativa para que se tipifiquen los crímenes de odio por lesbofobia, homofobia y transfobia, además de que sean agravantes cuando estos estén relacionados por su preferencia política, religión, nacionalidad, lugar de origen, condición social y económica.

Señaló que ya existen antecedentes, pues San Luis Potosí, Baja California Sur y Puebla ya cuentan en sus sistemas legales el agravante de odio en delitos por orientación sexual.

EL APUNTE

  • La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para el análisis correspondiente.

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