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Este año, más extradiciones de criminales; ya van cinco

*Recompensas facilitan capturas de la Interpol

*Acuerdos bilaterales aceleran los trámites

Primera de Dos Partes

El Sol de México

Estados Unidos ha solicitado en dos ocasiones la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. De prosperar, una vez que llegue a México, sería el segundo exgobernador en ser extraditado.

La inicial petición de las autoridades estadunidenses por el tamaulipeco fue en 2014 y la segunda en 2016. En cuanto a la primera, ocurrió en marzo, cuando la juez Hilda Tagle ordenó al distrito de Clerck, Texas, que se pidiera. También fue solicitada la extradición para Fernando Alejandro Cano Martínez, acusados de violentar los estatutos federales.

En el caso de la segunda, fue el 24 de noviembre del año pasado cuando se llevó a cabo, tras darse a conocer en México, por la Procuraduría General de la República, la recompensa de 15 millones de pesos por su captura. El Departamento de Justicia instruyó a la Corte de Brownsville. Son 11 los cargos que se le hacen, entre los cuales están narcotráfico, fraude bancario y lavado de dinero.

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El primer Tratado para la Extradición de Delincuentes entre ambos países, se signó en 1811; el segundo, la Convención para la Extradición de Criminales, en 1885. Después se signarían dos convenciones adicionales en 1902 y en 1925 y una más en 1939. Finalmente, el texto que prevalece es el signado en 1978 que abroga los textos anteriores.

Si prosperan las solicitudes, Tomás Yarrington Ruvalcaba sería el segundo exgobernador en ser extraditado a Estados Unidos.

Foto: Especial

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El otro fue Mario Villanueva Madrid, exmandatario de Quintana Roo, quien fue gobernador de 1993 a 1999 y dos días antes de que concluyera su mandato y se terminara su fuero, escapó hasta ser capturado dos años después, en 2001 e internado en el Penal del Altiplano de donde sería trasladado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010, donde permaneció hasta el pasado enero en que lo regresaron a México y fue internado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial ubicado en Ayala, Morelos.

El año pasado y el que está en curso han sido agitados en la materia.

El 20 de mayo de 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó que habían sido notificados al señor Joaquín Guzmán Loera en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, los Acuerdos por los cuales el Gobierno de México concedía su extradición internacional al Gobierno de Estados Unidos para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero, y ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, por el cargo de asociación por importar y poseer con la intención de distribuir cocaína, en virtud de que las solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno estadunidense cumplen con todos y cada uno de los requisitos previstos en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos.

Foto: Especial

Foto: Especial

 

Así sería. Tras la extradición de “El Chapo” a mediados de enero de 2017 (19), este mecanismo contra criminales continuó en marcha. Así, a finales de enero (27) fue enviado a Estados Unidos Raúl Granados Rendón, acusado por 21 cargos por las autoridades del país vecino, delitos entre los cuales sobresale la trata de personas. Otros son fraude, asociación delictuosa, tráfico humano y explotación sexual de menores.

Ocurrió lo mismo con José Antonio Escareño Aviña, alias “El Pelón”, quien será juzgado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Nevada, por los delitos de asociación delictuosa y distribuir armas de fuego.

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También la PGR mediante la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, extraditó a Arnoldo Rueda Medina “La Minsa”, uno de los sicarios de “La Familia Michoacana”.

Apenas la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición de Abigael González Valencia “El Cuini”, uno de los máximos líderes del cartel “Jalisco Nueva Generación”, quien había sido capturado en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco.

Aseguran que en las diversas prisiones federales hay en México por lo menos 30 extraditables. Además, están Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero (por quien se ofrece una recompensa de cinco millones de dólares) sobre los cuales las autoridades estadunidenses no quitan el dedo del renglón. Y uno más es Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del cartel “Jalisco Nueva Generación”. Pero en total son más de cien las solicitudes del vecino del norte para que se conceda la extradición de criminales.

ANTE EL TEMOR DE QUE ESCAPEN

Hubo un tiempo en que los mexicanos rechazaban la extradición y los especialistas admitían lo lamentable que resultaba que México no pudiera juzgar a ciertos delincuentes. Hoy se registra un cambio y ante la falta de seguridad en los penales mexicanos, cada vez es mayor el número de ciudadanos que consideran de mayor conveniencia que sean juzgados en Estados Unidos o en otros países con los que exista convenio.

En el caso del Convenio entre México y el vecino país, la obligación de extraditar señala:

1.- Las partes contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la parte requirente.

2.- Cuando el delito se haya cometido fuera del territorio de la parte requirente, la parte requerida concederá la extradición si: a) sus leyes disponen el castigo de dicho delito cometido en circunstancias similares, o b) la persona reclamada es nacional de la parte requirente, y ésta tiene jurisdicción de acuerdo con sus leyes para juzgar a dicha persona.

Asimismo, de acuerdo con el Artículo Segundo del tratado, los delitos que darán lugar a la extradición son:

1.- Las conductas intencionales que, encajando dentro de cualquiera de los incisos del Apéndice, sean punibles conforme a las leyes de ambas partes contratantes con una pena de privación de la libertad cuyo máximo no sea menor de un año.

2.- Si la extradición se solicita para la ejecución de una sentencia, se requerirá además que la parte de la sentencia que aún falte por cumplir no sea menor de seis meses.

3.- Darán también lugar a la extradición las conductas intencionales que, sin estar incluidas en el Apéndice, sean punibles, conforme a las leyes federales de ambas partes contratantes, con una pena de privación de la libertad cuyo máximo no sea menor de un año.

4.- Bajo las condiciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3, la extradición también será concedida:

a) por la tentativa de cometer un delito, la asociación para prepararlo y ejecutarlo, o la participación en su ejecución;

o b) cuando para los efectos de atribuir jurisdicción al Gobierno de Estados Unidos, el transporte de personas o de bienes, el uso de correos u otros medios de realizar actos de comercio interestatal o con el extranjero, sea un elemento del delito.

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CON PRUEBAS SUFICIENTES

Sin embargo, otro de los artículos señala que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, bien para justificar el enjuiciamiento del reclamado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en ese lugar, bien para probar que es la persona condenada por los tribunales de la parte requirente.

Acerca del ámbito territorial de la aplicación dice:

1.- A los efectos de este Tratado, el territorio de una de las partes contratantes comprende todo el territorio sometido a su jurisdicción, incluyendo el espacio aéreo y las aguas territoriales, así como los buques y aviones matriculados en ella, siempre que, tratándose de estos últimos, se hayan encontrado en vuelo en el momento de cometerse el delito.

2.- Para los efectos de este Tratado, una aeronave será considerada en vuelo todo el tiempo que medie entre el momento en que todas las puertas que dan al exterior hayan sido cerradas con posterioridad al embarque hasta el momento en que cualquiera de esas puertas sea abierta para el desembarque.

Para los delitos políticos y militares es distinto, de acuerdo al Artículo Quinto:

1.- No se concederá la extradición si el delito por el cual fue solicitada es político o de carácter político. En caso de surgir cualquier cuestión respecto de la aplicación del párrafo anterior, corresponderá decidir al Poder Ejecutivo de la parte requerida.

2.- Para los efectos de este Tratado. los siguientes delitos no se considerarán incluidos en el párrafo.

1: a) El homicidio u otro delito intencional contra la vida o la integridad física de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia, incluyendo la tentativa de cometer un delito de esa índole.

b) Un delito que las partes contratantes tengan la obligación de perseguir en virtud de un convenio internacional multilateral.

3.- No se concederá la extradición cuando el delito por el cual fue solicitada sea un delito puramente militar.

En fin, que la duda de hoy es si Tomás Yarrington Ruvalcaba será el segundo exgobernador en ser extraditado por México.

Pero antes…

(Continuará)

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