La Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió sancionar con destitución e inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado al esquema conocido como La Estafa Maestra, luego de omitir declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge por la cantidad de tres millones 261 mil 176 pesos.
A través de un comunicado la dependencia informó que “como resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador”, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que Galván Arcos, titular de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, infringió el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en esos años.
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“Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados” indicó la dependencia luego de señalar que el funcionario hoy destituido también se desempeñó como titular de la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex.
Si bien en el documento la dependencia no menciona al funcionario por su nombre, durante un encuentro con los medios el 31 de enero de 2019 Irma Erendira Saldoval, titular de la SFP, confirmó que tres servidores públicos en activo estaba relacionados a La Estafa Maestra, entre ellos Galván Arcos, donde participaron como “firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios con Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018”.
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Hoy la dependencia confirmó que esta resolución deriva de las acciones que desde inicios de la actual administración fueron informadas por la propia secretaría en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
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De acuerdo con la SFP, en los dos primeros años de esta administración se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones.
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