Hay escuelas públicas que están solicitando cuotas que van de los 300 pesos a las dos mil pesos, con la amenaza que de no cubrir, tampoco inscribir a los alumnos, denunció el diputado federal e integrante de la Comisión de Educación, Fernando Manzanilla Prieto.
“Las aportaciones que se solicitan al inicio cada ciclo escolar son absolutamente voluntarias, por lo que no se puede condicionar la inscripción de nadie’’, declaró a El Sol de México.
Destacó que en cada ciclo escolar es una práctica que las autoridades educativas no han podido desterrar. “Hoy más que nunca todas y todos los niños y jóvenes deben tener plenamente garantizado su derecho para acceder a la educación y la falta de recursos económicos, consecuencia de la pandemia, no debe de ser una causa que impida su acceso a la escuela’’.
Explicó que padres de familia, preocupados ahora que inicia el ciclo escolar 2020-2021, y no tienen suficientes recursos por la crisis económica, en escuelas les están exigiendo pagar las cuotas de inscripción en todos los niveles: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
“Es el pago de una cuota definida por la asamblea de padres de familias, los montos van de 300 pesos hasta los 2 mil pesos por inscripción por niño, no por familia; si es el caso de una familia que tiene de dos a tres alumnos los recursos aumentan considerablemente’’.
Además, dijo Manzanilla Prieto, las escuelas les piden una copia comprobante del pago realizado a la institución bancaria y anotar el grado y el grupo del alumno; inclusive si por cualquier circunstancia no puede pagar completo, tienen facilidades.
El diputado recordó que la educación que imparte el Estado mexicano, además de obligatoria, es gratuita y la Ley General de Educación también señala que está prohibido pagar cualquier contraprestación. Para el mantenimiento y pago de servicios de las escuelas, se cuenta con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales y de manera voluntaria por parte de madres y padres de familia, pero no obligatoria.
Demandó de la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, investiguen las aportaciones y revisen si los recursos están destinados al mantenimiento de los muebles e inmuebles, u otros fines relacionados con los servicios e instalaciones, para proporcionar mejor calidad educativa.
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