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SNA rechaza pedir a Peña Nieto informes sobre supuesto espionaje

Con votación dividida, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazó la propuesta de exhortar al Ejecutivo Federal a dar información sobre la supuesta intervención telefónica contra periodistas y activistas de derechos humanos.

En su Segunda Sesión Ordinaria, el Comité Coordinador de dicho Sistema rechazó, cinco votos contra uno, la propuesta que en ese sentido presentó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacquelline Peschard Mariscal.

Al exponer el tema ante los miembros del comité, Peschard Mariscal explicó que conforme al Artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrucpión, el Comité de Participación Ciudadana a su cargo, tiene la facultad de pedir este tipo de exhortos.

Explicó que de confirmarse el supuesto uso del sistema de intervenciones telefónicas con que cuenta el Estado para realizar labores de seguridad pública, con anuencia de un juez, para escuchar a periodistas y activistas, podría haber un ejercicio ilícito del servicio público previsto en el Código Penal Federal.

En ese sentido y por tratarse de un eventual delito, ya que no habría existido la orden judicial, el Comité Coordinador podría exhortar al Ejecutivo federal a proporcionar información sobre este tema.

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Sin embargo, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, explicó que el planteamiento jurídico del Comité de Participación Ciudadana es inexacto, pues no se cumple el supuesto establecido en el Artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción invocado.

Además, señaló que no está todavía confirmado el supuesto acto de corrupción, pues inclusive el artículo del Código Penal que se aludió, no está en el apartado referente a delitos en esa materia de ese mismo ordenamiento.

En el mismo sentido, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand Arzate reprobó toda forma de intervención ilegal en las comunicaciones de los ciudadanos, aunque coincidió con Pérez Daza en el sentido de que “no ha lugar aprobar el exhorto”.

Dijo que, en efecto, todavía no está probado un acto grave de corrupción en este tema y por lo tanto, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, no puede emitir el exhorto como solicitaba el Comité de Participación Ciudadana.

En su oportunidad, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, rechazó también la posibilidad del exhorto, pero aseguró que la instancia estará dispuesta a analizar el tema, si la Cámara de Diputados lo solicita.

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A su vez, Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), también se pronunció en contra de la supuesta intervención telefónica, pero coincidió en que no se puede presentar el exhorto.

Sin embargo -luego de que ya se había votado el tema- aclaró que el Instituto Nacional de Transparencia investigará el tema, por la presunta violación de los datos personales.

Posteriormente, en entrevista, Jacquelline Peschard dijo que deberá ser la actual secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien presente una postura específica sobre este particular, si es que el sistema de intervención se usó cuando fue procuradora General de la República.

El diario estadounidense The New York Times denunció el pasado 19 de junio que defensores de los derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas de México son espiados por el Gobierno Federal con un software israelí llamado Pegasus.

El gobierno federal ha negado la veracidad esta versión y por ello la Procuraduría General de la República inició una investigación.