/ jueves 28 de mayo de 2020

Revisión de pacto fiscal, detenida en San Lázaro por desacuerdos

El PRD considera que "es necesaria una visión más equitativa de distribución de recursos”

La Convención Nacional Hacendaria para revisar el Pacto Fiscal se encuentra detenida y cancelada en el recinto legislativo de San Lázaro, porque el Ejecutivo federal no quiere enfrentar un bloque crítico de mandatarios, afirmó el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), quien considera “que es necesaria una visión más equitativa de distribución de recursos”.

En una iniciativa, el partido del Sol Azteca propone nueva fórmula de distribución de recursos: 40% de los ingresos fiscales a los Estados y Municipios: 25% a Entidades y 15% a Municipios. Actualmente se distribuye el 20%: 12% a Estados y 8% a municipios.

En entrevista, el legislador comentó que hay voces de gobernadores que llaman a romper el Pacto Federal, “pero el reclamo se queda ahí, pues no hay elementos políticos para pensar que tienen condiciones para salirse”.

Recordó que desde 1980, cuando se estableció la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas y municipios, prácticamente renunciaron a ejercer una política fiscal, esto es a potestades que les permitieran recaudar. Y en cambio, aceptaron recibir un porcentaje: 20 puntos de una recaudación nacional y federal.

Sí a ese déficit, se suma la discrecionalidad con la que el Ejecutivo –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, ejerce los recursos, “vemos que se deja a estados y municipios en la indefensión absoluta. La recaudación, los ingresos federales son insuficientes frente al gasto y las necesidades permanentes que reclaman los ciudadanos”.

Comentó el legislador, integrante también de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que la recaudación ha sufrido modificaciones sustanciales importantes y el reparto también se quedó por debajo de las necesidades y, sin duda, es necesaria una visión más equitativa.

Sostuvo que aun cuando se planteó ya la necesidad de realizar la Convención Nacional Hacendaria, todo quedó en la “congeladora”, porque el Presidente de la República no está dispuesto a atender los reclamos de estados y municipios.

“Resulta inexplicable que esté detenida en la Cámara de Diputados la intención de convocar a este cónclave para revisar el Pacto Fiscal, las fórmulas de distribución de los recursos, las responsabilidades que deberían tener todos los niveles de gobierno en la contribución para cumplir obligaciones y cobrar impuestos y, desde luego, para hacer una distribución mucho más justa de los recursos fiscales”.

“Nosotros en el PRD intentamos una modificación al Fondo General de Participaciones, pero la solución final es la Convención Hacendaria que establezca un nuevo pacto, nuevas obligaciones y una distribución más equitativa d los recursos fiscales”.

Afirmó: “Lo que nos queda claro es que o hay un acuerdo de todos: Ejecutivo, gobernadores y demás actores políticos para definir una nueva distribución de los recursos o todo se quedará en ánimos, reclamos y amenazas, pero no saldremos de ahí”.


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Omny

La Convención Nacional Hacendaria para revisar el Pacto Fiscal se encuentra detenida y cancelada en el recinto legislativo de San Lázaro, porque el Ejecutivo federal no quiere enfrentar un bloque crítico de mandatarios, afirmó el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), quien considera “que es necesaria una visión más equitativa de distribución de recursos”.

En una iniciativa, el partido del Sol Azteca propone nueva fórmula de distribución de recursos: 40% de los ingresos fiscales a los Estados y Municipios: 25% a Entidades y 15% a Municipios. Actualmente se distribuye el 20%: 12% a Estados y 8% a municipios.

En entrevista, el legislador comentó que hay voces de gobernadores que llaman a romper el Pacto Federal, “pero el reclamo se queda ahí, pues no hay elementos políticos para pensar que tienen condiciones para salirse”.

Recordó que desde 1980, cuando se estableció la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas y municipios, prácticamente renunciaron a ejercer una política fiscal, esto es a potestades que les permitieran recaudar. Y en cambio, aceptaron recibir un porcentaje: 20 puntos de una recaudación nacional y federal.

Sí a ese déficit, se suma la discrecionalidad con la que el Ejecutivo –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, ejerce los recursos, “vemos que se deja a estados y municipios en la indefensión absoluta. La recaudación, los ingresos federales son insuficientes frente al gasto y las necesidades permanentes que reclaman los ciudadanos”.

Comentó el legislador, integrante también de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que la recaudación ha sufrido modificaciones sustanciales importantes y el reparto también se quedó por debajo de las necesidades y, sin duda, es necesaria una visión más equitativa.

Sostuvo que aun cuando se planteó ya la necesidad de realizar la Convención Nacional Hacendaria, todo quedó en la “congeladora”, porque el Presidente de la República no está dispuesto a atender los reclamos de estados y municipios.

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