Enrique Alfaro y Cabeza de Vaca violaron la veda durante Consulta Popular: TEPJF

Los Gobernadores de Jalisco y Tamaulipas, Enrique Alfaro y Francisco García Cabeza de Vaca, violaron la veda electoral al difundir propaganda durante el proceso de Consulta Popular, determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con los magistrados de la Sala Regional Especializada del TEPJF, los mandatarios estatales emitieron obras públicas a través de sus redes sociales.

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Ante ello, los congresos locales de Jalisco y Tamaulipas deberán imponer una sanción a los gobernadores.

La magistrada Gabriela Villafuerte dijo que ambos mandatarios violaron los principios rectores del servicio público, la autocontención, mesura, neutralidad que debe existir para que no haya propaganda gubernamental durante la veda electoral.

"Se establecieron reglas, se dijo que se suspendería toda propaganda gubernamental. Se tiene una regla clara y llama a la suspensión de propaganda electoral", advirtió la magistrada.

Por su parte, el magistrado Luis Espíndola refirió que en ambos casos existió vulneración e infracción.

“Los gobernadores no pueden deslindarse de las reglas. La Constitución es clara, ningún orden de gobierno puede hacer propaganda”, afirmó.

Respecto al caso de Tamaulipas, el magistrado Espíndola responsabilizó también a Francisco García Juárez, Coordinador de Comunicación Social, y a Tenoch de la Mora, Director General de Planeación e Imagen Institucional del gobierno estatal, por la misma conducta.

Esto luego de que los responsables publicaran un mensaje alusivo a obras de gobierno de Tamaulipas como la inauguración de dos vialidades en Reynosa; lo que de acuerdo con los integrantes del órgano jurisdiccional, contraviene el artículo 35 constitucional.

La Consulta Popular se realizó el 1 de agosto en todo el país y contó con una participación ciudadana de 7 por ciento del padrón electoral.

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En dicho proceso, ganó el “sí” a la pregunta “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.