imagotipo

Buscan suspensión de derechos partidistas para Fausto Vallejo

Ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, fue presentada una queja contra el ex Gobernador de Michoacán Fausto Vallejo y su ex Secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, en la que solicitan la suspensión de los derechos partidarios de los dos ex funcionarios públicos.

En el documento que fue entregado el pasado 13 de febrero por el militante priista Javier López Hernández, indica que solicita la suspensión de los derechos partidistas del ex Gobernador de Michoacán y su ex Secretaria de Finanzas, por la comisión de conductas graves en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo en esa entidad.

Además, por el incumplimiento reiterado y sistemático de la obligación partidista de mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servicio público, para contribuir a dignificar la imagen del partido (PRI).

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria, integro el expediente CNJP-PS-MIC-158/2017 del procedimiento sancionador, que se encuentra en el proceso de dictaminación del caso.

En el documento dirigido a Fernando Elías Calles Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el militante partidista solicita la instauración de los procesos sancionadores “por conductas del dominio público que implican desviaciones estatutarias, deshonestidad e ineficiencia política en la dirección de sus encargos, la comisión de fallas de probidad y la posible comisión de de delitos de acuerdo con los hechos, razones y pruebas que se presentaran”.

Lee también: PRI expulsa al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge

Javier López Hernández que presenta la denuncia contra Fausto Vallejo Figueroa y Marcela Figueroa Aguilar “puesto que me asiste un interés jurídico como militante del Partido Revolucionario Institucional para elevar a este órgano colegiado –Comisión Nacional de Justicia Partidaria—la solicitud de expulsión por la comisión de conductas contrarias a lo establecido en los Documentos Básicos del Partido”.

Entre los hechos presentados para dicha denuncia, refiere que existen fuertes cuestionamientos y declaraciones en distintos medios masivos de comunicación (prensa, televisión, internet), acerca de la corrupción que pugnó durante el mandato de Fausto Vallejo, como gobernador de Michoacán.

Durante su gobierno hubo un notable incremento de la violencia, la represión estudiantil, aparición de grupos del crimen organizado con gran protagonismo dentro de Michoacán.

El estado de ingobernabilidad llevó a Michoacán a que abiertamente se manifestará una crisis social y de seguridad, disidencia magisterial, corrupción, crimen organizado, lo que llevó a que fuera el centro de una estrategia de seguridad pública desde el Gobierno Federal.

Además, se presume un desvío por 4 mil millones de pesos, del ejercicio 2013. Señala que de acuerdo a Informes de la Auditoria Superior de la Federación existen 7 mil 764 mdp por aclarar durante los años 2012 y 2013 en la administración de Fausto Vallejo.

Asegura que en los 22 meses que duró en la encomienda Fausto Vallejo la crisis del estado aumento al mismo ritmo que la inestabilidad política.

Afirma que legisladores del estado de Michoacán han solicitado a la Secretaría de la Función Pública intervenga para auditar la administración de Fausto Vallejo y Jesús Reyna por el desvío de 16 mil millones de pesos del erario.

Desorden en la administración pública y cuatro denuncias penales contra el gobierno estatal de Fausto Vallejo Figueroa, fueron el resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al año 2012 de parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). El órgano fiscalizador indicó que como resultado de 26 auditorías realizadas en el estado se emitieron 325 observaciones y se publicaron 15 dictámenes negativos, nueve dictámenes con salvedad y dos dictámenes limpios.

El 6 de noviembre de 2013 Marcela Figueroa Aguilar titular de la Secretaría de Finanzas fue autorizada por Fausto Vallejo Figueroa para realizar transferencias entre cuentas bancarias del gobierno, lo que hace factible el desvío de recursos.

Asimismo ante la ingobernabilidad y la proliferación de grupos de delincuencia organizada surgieron los grupos armados, denominados “autodefensas”.