Desde su implementación en septiembre de 2020, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNSP), que maneja el Instituto Nacional Electoral (INE), ha incluido en su lista a 213 servidores públicos, sin embargo, eso no se traduce en sanciones.
De acuerdo con los datos del RNSP al corte de este 11 de junio, a una semana de haberse celebrado elecciones en cinco entidades, sólo el 58 por ciento de los ciudadanos y funcionarios públicos agregados a este registro han recibido un castigo más allá de la integración de su nombre a la lista.
Aunque la violencia política de género obstaculiza o anula el ejercicio de los derechos político-electorales de una persona, generalmente mujeres, sólo 111 de las 213 civiles y funcionarios que han sido suspendidas sin goce de sueldo, removidos, apercibidos, amonestados públicamente o multados económicamente, siendo este concepto el más recurrente (en 77 ocasiones) entre las sanciones.
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Mientras, el otro 42% de las penas solamente consiste en la integración del nombre al Registro Nacional de Personas Sancionadas, lo que puede ser desde tres hasta seis años dependiendo si se trata de una falta leve o si la persona es reincidente.
En cuanto a dónde se concentran las sanciones, las cifras del INE exponen que son los municipios y ayuntamientos los espacios públicos donde más se identifican estas faltas en el 74 por ciento de las veces, principalmente desde el mismo representante del cabildo.
No obstante, también los ciudadanos de a pie han incurrido en estas faltas, al representar 19 puntos porcentuales en las estadísticas generales.
Si bien los hombres son los más apercibidos en este tema, en 181 ocasiones, también 31 mujeres han sido integradas al RNSP.
Por su parte, Oaxaca es el estado del país que domina en este rubro, pues 67 de las sanciones han sido interpuestas en la entidad, duplicando las 33 que el segundo lugar, Veracruz, ha registrado.
Oaxaca, estado gobernado por Alejandro Murat, significa más de la mitad de las sanciones por violencia política de género por sí solo, pero en este caso, la mayoría fueron recibidas por autoridades de los Sistemas Normativos Internos de los pueblos indígenas.
El más grande reto que se tiene respecto al RNSP, señaló el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer, durante una sesión de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de INE en abril pasado, es evitar que estos se sigan cometiendo y se inhiba caer en la reincidencia, pues existen casos donde un solo individuo ha cometido faltas en hasta 11 ocasiones.
“(Esto) muestra un problema del Estado mexicano, porque esta circunstancia se debe a que los tribunales electorales locales no se pronuncian sobre si esas personas que cometieron violencia, que ya está acreditada la responsabilidad, tienen o no un modo honesto de vivir”, aseveró.
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Asimismo, destaca que Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas no cuentan con un registro de personas sancionadas por violencia política de género.
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