De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 90 por ciento de la contratación de migrantes en nuestro país se realiza a través de agencias privadas que no están reguladas. Los que son reclutados para trabajar en México son colocados, en su mayoría, en tres sectores: el agrícola, turismo y trabajo doméstico.
“Las prácticas de contratación de personas trabajadoras migrantes en México no se encuentran reguladas por un marco normativo nacional que respalde el reclutamiento ético, por lo que la mayoría de estas prácticas se encuentran desarrolladas en la informalidad”, afirma la OIM en su informe Prácticas de Reclutamiento de Personas Trabajadoras Migrantes en Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.
En la pasada Cumbre de las Américas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar empleo a 60 mil migrantes al año, pese a que nuestro país carece de una regulación nacional sobre prácticas de contratación y no ha cumplido con compromisos internacionales como la ratificación del Convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre agencias de reclutamiento privado.
El informe de la OIM alerta sobre casos de sobornos, especialmente de contratistas y/o intermediarios, a agentes gubernamentales que se encuentran en la frontera sur, con el objetivo de obviar los trámites migratorios y poder llegar al lugar de trabajo sin tramitar ningún permiso laboral.
“Muchas prácticas de reclutamiento informal conllevan a acciones fraudulentas que incrementan la vulnerabilidad de las personas trabajadoras migrantes, y dificultan un adecuado seguimiento y regularización de los flujos migratorios laborales”, afirma el documento.
Además, son engañados con promesas de condiciones de trabajo dignas y salarios mayores a los que reciben.
Aunque el gobierno mexicano no ha detallado cuál será el procedimiento de contratación de los hasta 20 mil guatemaltecos que decidan apegarse a la primera etapa del nuevo Programa de Trabajadores Temporales que, se prevé comenzaría a funcionar a partir de 2023 como medida para frenar la migración hacia Estados Unidos, los seis mil 761 que acudieron el año pasado a trabajar hasta por 12 meses al sureste mexicano, (Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo) bajo el acuerdo firmado por ambos países en 2014, lo hicieron por medio de agencias de reclutamiento privadas, de acuerdo con información del Departamento de Movilidad Laboral de Guatemala.
Según el informe de la OIM, los migrantes que consiguen trabajo en territorio mexicano son colocados, en su mayoría, en tres sectores: el agrícola, turismo y trabajo doméstico.
En la agricultura predomina las prácticas de reclutamiento en el país de origen, mientras que en el trabajo doméstico y el turismo la mayoría de las personas trabajadoras migrantes son contratadas en el país de destino, es decir en México. La principal fuente de difusión de las vacantes de empleo es a través de familiares, amistades y en algunas ocasiones redes sociales en Internet.
Dentro de los principales riesgos asociados a las prácticas de reclutamiento en México, la OIM identifica el cobro de costos asociados a la contratación y la ausencia de contratos o documentos que permitan a las personas trabajadoras migrantes exigir la garantía de sus derechos.
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El informe pone énfasis en la contratación de las mujeres migrantes en labores domésticas, quienes al trabajar en casas particulares carecen de toda protección laboral. “El flujo de trabajadoras domésticas es de larga tradición en la frontera sur de México, y está compuesto principalmente por mujeres jóvenes provenientes del occidente guatemalteco quienes cruzan la frontera todos los días para laborar en México y regresan a sus lugares de origen. Estas mujeres carecen de toda protección laboral ya que son contratadas de palabra en casas particulares”, afirma.
En opinión de Javier Urbano, experto en temas migratorios, la prevalencia de procesos de reclutamiento informales aumenta el riesgo de que los migrantes se inserten en la economía informal, se encuentren más expuestas a situaciones de explotación, trabajo forzoso y servidumbre, así como que reciban salarios por debajo del mínimo establecido.
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