Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno de mexicano evade al Poder Judicial en amparos de migrantes, dejándoles sin medidas que protejan su vida y salud en medio de la pandemia.
A través de un comunicado, más de 30 organizaciones civiles informaron que entre abril y mayo, han promovido nueve amparos a favor de la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en el país, no obstante el gobierno mexicano ha sido omiso en su cumplimiento poniendo en riesgo la salud de esta población en el contexto de la actual crisis sanitaria que enfrentamos por coronavirus.
Los amparos promovidos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León solicitan acceso a la salud, a una estancia regular, a una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones migratorias, y la libertad de la personas detenidas en estaciones migratorias.
Lo anterior fue explicado al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud (federal y estatales), a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal para que tomen las medidas necesarias y garantizar a la población migrante y solicitante de protección internacional en México (incluida la población expulsada de Estados Unidos -y que México ha aceptado, y aquella retornada a nuestro país bajo el Protocolo "Quédate en México").
A la fecha, agregaron, seis amparos se han resuelto a favor de la población migrante, el resto se encuentra en revisión o a la espera, no obstante, autoridades del Estado mexicano no han cumplido con las órdenes judiciales, por el contrario las han evadido.
Las autoridades han sido omisas en dar cumplimiento a lo señalado por el Poder Judicial o han simulado su cumplimiento, por ejemplo a través de deportaciones masivas sin debido proceso; liberando a la población migrante dejándola a su suerte; o siendo poco claros sobre las medidas sanitarias, de asistencia, de salud y protección que se están tomando para garantizar la vida y la salud de las personas expulsadas desde Estados Unidos.
En el caso de la resolución en la Ciudad de México, aseguran que las autoridades responsables no han rendido los informes solicitados, niegan los hechos y no proporcionan documentación o testimonios que acrediten que se están dando cumplimiento a todo lo señalado en la suspensión.
Las organizaciones exigieron a las autoridades responsables de la política migratoria en México a cumplimiento urgente y estricto de las resoluciones dictadas por los jueces federales.
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