Durante una audiencia ante un tribunal en Londres, Julian Assange aseguró oír voces en la cárcel, lo que su psiquiatra explicó como síntomas de un comportamiento suicida.
El australiano, de 49 años, presenta un riesgo de suicidio "muy elevado" si fuera extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por la difusión de centenares de miles de documentos confidenciales, declaró ante el tribunal Michael Kopelman, que se ha reunido unas 20 veces con Assange.
El experto mencionó que detectó una "depresión severa" y "síntomas psicóticos" en Assange, como por ejemplo alucinaciones auditivas en su celda en la prisión de alta de seguridad de Belmarsh, cerca de Londres.
Julian Assange contó al psiquiatra que oía voces que le decían: "Eres polvo, estás muerto, venimos a buscarte".
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Las condiciones de detención del fundador de Wikileaks ya fueron denunciadas por el relator de la ONU sobre la tortura.
Los instintos suicidas de Assange tienen su origen en "factores clínicos", pero "la inminencia de la extradición activará los intentos" de suicidio, según el psiquiatra, que estimó que su estado se "deteriorará considerablemente" si es trasladado a Estados Unidos.
La compañera sentimental de Assange, Stella Moris, también expresó su miedo a que se quite la vida y deje a sus dos hijos sin padre.
James Lewis, representante del gobierno estadounidense, hizo varias preguntas a Kopelman sobre la veracidad de algunas de las afirmaciones de Assange y sugirió que podrían haber sido inventadas.
El fundador de Wikileaks fue detenido en abril de 2019 después de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado por miedo a una extradición a Estados Unidos.
Estados Unidos lo acusa de espionaje por difundir en 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, sobre todo en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declara culpable.
La justicia británica deberá decidir si la demanda de extradición estadounidense respeta todos los criterios legales o si es desproporcionada e incompatible con los derechos humanos.
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