Los taxistas españoles, y de manera principal en ciudades como Barcelona y Madrid, mantuvieron hoy su huelga para exigir al Gobierno que limite las licencias de compañías como Uber y Cabify, a las que acusan de competencia desleal.
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A la espera de la reunión de este lunes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, las principales asociaciones y federaciones del Taxi decidieron continuar los paros, que están afectando a lugares de gran tránsito turístico como aeropuertos y estaciones de tren.
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Barcelona y Madrid son las ciudades más afectadas por los paros, que se iniciaron en la ciudad condal el miércoles y el jueves pasados y que dieron lugar a la convocatoria de huelga indefinida desde ayer, pero las protestas se extienden también a Málaga, Sevilla, Aragón, Valencia, Alicante, Baleares y País Vasco.
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Los taxistas de Barcelona han mantenido hoy su pulso y han ratificado la huelga, mientras reclaman soluciones urgentes antes de abandonar el centro de la ciudad y despejar los accesos al aeropuerto de El Prat.
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En Madrid, las asociaciones nacionales de taxistas han acordado una "posición común" para la viabilidad del sector y han pactado seguir con las movilizaciones hasta que el Gobierno central muestre su "firme voluntad" de realizar cambios normativos.
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Al igual que en la capital catalana, en Madrid los puntos más conflictivos se encuentran en el aeropuerto de Barajas, además de en la estación de tren de Atocha, donde desde ayer se producen concentraciones espontáneas que han provocado que Renfe haya reforzado los servicios de Cercanías mientras se mantenga el paro.
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Gobierno pide calma
El Gobierno español ha pedido a los taxistas "calma" y "vuelta a la normalidad" a la espera de ver qué sucede no solo en la reunión de mañana con el gremio del taxi, sino también en la del martes con las asociaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), que aglutina a plataformas como Uber y Cafify.
El Gobierno ha adelantado al próximo miércoles la Conferencia Nacional del Transporte, que estaba prevista para septiembre, y propondrá transferir a las comunidades autónomas las competencias para otorgar nuevas licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC), según confirmaron ayer a Efe fuentes del Ejecutivo.
Desde la otra parte del conflicto, la plataforma multinacional Uber ha remitido una comunicación a sus conductores - tras varias denuncias de agresiones en los últimos días- en la que la empresa dice que busca medidas para paliar el conflicto, en una situación con la que se declara "horrorizada".
Uber, que funciona en numerosos países del mundo conectando usuarios con conductores, considera necesario modernizar la ley de transporte español para reducir los precios del transporte urbano y crear nuevos puestos de trabajo.
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