/ miércoles 24 de octubre de 2018

Vincula PGJE a proceso a asesinos de activista social

El Juez de Control instruyó como plazo de cierre de ambas investigaciones tres y cuatro meses, respectivamente

Derivado del trabajo coordinado entre el Agente del Ministerio Publico, peritos y oficiales de la Policía de Investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado logró que un Juez de Control vinculara a proceso a dos hombres por los delitos de feminicidio y secuestro agravado, respectivamente.

El Agente del Ministerio Público formuló la imputación en contra de Jesús Isaías N., que de acuerdo con datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, presuntamente privó de la vida a la víctima de nombre Nancy N, activista social del movimiento Antorcha Campesina en Huamantla.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre, cuando el imputado presuntamente ultimó a su víctima luego de que lo descubrió en el momento que ingresó a su domicilio en el municipio de Huamantla para perpetrar un robo; además de esto, el agresor desplegó otras conductas que configuraron el delito de feminicidio.

De esta manera, Jesús Isaías N., fue presentado ante el Juez de Control y en la audiencia celebrada, luego de valorar los datos de prueba aportados por la fiscalía, resolvió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

Además, ordenó como plazo de cierre de investigación cuatro meses que lleven al pleno esclarecimiento de los hechos, el cual fenece el 23 de febrero de 2019.

Por otra parte, José Gerardo N., capturado por la Policía de Investigación ya que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, toda vez que presuntamente participó como autor intelectual y material del delito, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante la continuación de la audiencia inicial celebrada el 18 de octubre, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso y ordenó seis meses como plazo para el cierre de la investigación, la cual fenece el 18 de abril del 2019.

El Juez de Control ordenó cuatro meses para que lleven al pleno esclarecimiento de los hechos y seis meses como plazo para el cierre de la investigación, respectivamente.


Derivado del trabajo coordinado entre el Agente del Ministerio Publico, peritos y oficiales de la Policía de Investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado logró que un Juez de Control vinculara a proceso a dos hombres por los delitos de feminicidio y secuestro agravado, respectivamente.

El Agente del Ministerio Público formuló la imputación en contra de Jesús Isaías N., que de acuerdo con datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, presuntamente privó de la vida a la víctima de nombre Nancy N, activista social del movimiento Antorcha Campesina en Huamantla.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre, cuando el imputado presuntamente ultimó a su víctima luego de que lo descubrió en el momento que ingresó a su domicilio en el municipio de Huamantla para perpetrar un robo; además de esto, el agresor desplegó otras conductas que configuraron el delito de feminicidio.

De esta manera, Jesús Isaías N., fue presentado ante el Juez de Control y en la audiencia celebrada, luego de valorar los datos de prueba aportados por la fiscalía, resolvió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio.

Además, ordenó como plazo de cierre de investigación cuatro meses que lleven al pleno esclarecimiento de los hechos, el cual fenece el 23 de febrero de 2019.

Por otra parte, José Gerardo N., capturado por la Policía de Investigación ya que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, toda vez que presuntamente participó como autor intelectual y material del delito, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante la continuación de la audiencia inicial celebrada el 18 de octubre, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso y ordenó seis meses como plazo para el cierre de la investigación, la cual fenece el 18 de abril del 2019.

El Juez de Control ordenó cuatro meses para que lleven al pleno esclarecimiento de los hechos y seis meses como plazo para el cierre de la investigación, respectivamente.


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